EN EL CERRO DE MONTERÍA CRECE UNA PEQUEÑA ‘REPÚBLICA BOLIVARIANA’
Se estima que unas 350 familias venezolanas se asientan en esa ladera.
MONTERÍA. “Los maracuchos somos gente buena, no le quitamos nada a nadie. Por el momento lo que queremos es subsistir mientras se compone la cosa en nuestro país, porque la esperanza de regresar sigue viva”. De esta manera explica Nulbia Benítez Gómez, una venezolana de 46 años, su situación y la de sus vecinos, después de permitir el ingreso al albergue de tablas y plástico en el que ha contemplado los atardeceres y amaneceres monterianos por tres meses, en el sector del Cerro, en el extremo sur de Montería.
Nulbia estaba temerosa de la visita. Se imaginó un desalojo de las autoridades, sin opciones de refugio en ningún otro lado con tres de sus hijos y con cuatro menores. Con ellos vive hacinada en una pieza con piso de tierra, donde hay una cama sencilla, una hamaca y ‘corotos’ regados.
Esta es una de las aproximadamente 350 familias que han conformado en el conocido sector del Cerro de Montería, una pequeña ‘República Bolivariana’. Allí se establecieron y sus vidas continúan combatiendo el hambre, las enfermedades y buscando una oportunidad laboral.
A diario su supervivencia depende de lo que reciban en los semáforos ofreciendo productos y la limpieza de parabrisas, entre otros oficios informales.
En Montería se conoce como el sector del Cerro la colina entre los barrios Alfonso López, Santander, Policarpa Salavarrieta y Los Araújo. Hasta estos asentamientos han llegado, en repetidas ocasiones, los políticos con sus anuncios de proyectos ecológicos y la promesa de convertir la zona en pulmón natural de la ciudad. De todo esto solo quedan los discursos.
En 2014 el Cerro fue despejado casi en su totalidad con la promesa de construir allí proyectos urbanísticos por parte del Gobierno, de los cuales solo existen las urbanizaciones La Gloria y El Recuerdo, en el sur de la ciudad. Sin embargo, cuatro años después, por la demanda de nuevas viviendas y la migración de venezolanos, el Cerro otra vez vuelve a estar invadido.
“Mi hija trabaja en el mercado, vendiendo las bolsas de maracuyá que despulpamos aquí cada tarde, pero también vende moras y verduras, eso es lo que nos está permitiendo comer. Trabajamos con $100.000 prestados, que nos deja solo para los alimentos, no tenemos agua, tampoco gas, mucho menos letrina, solo un poco de luz eléctrica”, cuenta Benítez.
Mientras camina para enseñar su hogar, evoca la casa propia que dejó en el municipio de Jesús Enrique Lozada, en el fronterizo estado Zulia.
Nubisqui, la hija de Nulbia, es técnica en contabilidad. Cuenta que trabajó en una camaronera y en una empresa de maquinaria amarilla en su país. Al mismo tiempo, ambas vendían mercancía a domicilio y a crédito.
“Estamos en Montería en calidad de préstamo, eso lo entendemos, porque no es como estar uno en su país. En Venezuela últimamente la comida no se conseguía. Quienes se han quedado allá lo que ganan mensual no les sirve para comer una semana, eso nos obligó a venirnos”, dice Nubisqui, quien muestra sus manos enrojecidas debido a la fuerza que ha hecho esa tarde para despulpar la maracuyá que llevará a los mercados de esta ciudad.
La joven, madre de un niño, admite que debe bajar el Cerro en la madrugada, soportando una hemorragia con la que lleva una semana, sin poder comprar los medicamentos que una médica particular le formuló. Lo que pudo disponer de las ganancias de su empleo callejero le alcanzó solo para la consulta, porque no tiene carné de ninguna entidad de salud colombiana.
“Estoy trabajando enferma para reunir la plata de la medicina, además de otros exámenes que me debo hacer”, agrega la mujer con un hilo de voz y mientras esconde medio cuerpo detrás de la puerta. UN CHAMO QUE VENDE AGUA. Subiendo unos metros más en el cerro hay una habitación de paredes de zinc. Un joven saluda con un “Buenas tardes” y ese acento cantado típico del venezolano. Es Edwin Bedoya, padre de tres niñas de 9, 3 y un año.
Edwin recogía unos desechos de tablones para reforzar la vivienda de 4 metros por 4 metros, donde pasará la temporada de lluvias, junto a su esposa Marilín Díaz y las niñas.
“Sin documentación legalizada en Colombia es difícil conseguir empleo. Por ahora para sobrevivir con mi familia vendo agua en los semáforos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me gano entre $12.000 y $20.000 Es pesado, se me cansan los pies, el sol maltrata demasiado, llega uno estropeado en la noche, pero hay que volver a salir al día siguiente, de lo contrario no comemos, de eso vivimos aquí en el Cerro”, cuenta Edwin Bedoya.
Su respiración está agitada ante su esfuerzo, los efectos de la jornada en la calle y exposición a un sol intenso, implacable.
A Bedoya le preocupa que sus hijas no estén estudiando en Montería. Las condiciones de ilegalidad con las que han llegado a la capital de Córdoba aún no le permiten conseguir su inclusión escolar.
PREOCUPACIÓN DE LOS VECINOS. El edil Moisés Villadiego, reside en el sector Alfonso López, vecino al Cerro, dice que es “preocupante” la situación, por el bienestar de estas familias.
Indica que aunque no existe un censo oficial, se calcula que en las laderas del Cerro de Montería viven unas 500 familias, de las cuales unas 350 son venezolanas, un número mucho mayor de las que existían previo al proyecto de deshabitarlo en 2014, cuando debieron salir unos 200 hogares desplazados.
Para el líder cívico, unos 70 niños hijos de venezolanos no han podido ingresar a estudiar en los planteles del sector, pese a las solicitudes que han presentado ante la Alcaldía.
“Conozco la situación de estas personas y por eso le suplicamos al Gobierno local que se apersone de este problema. Los niños no han podido entrar al colegio porque los rectores no han sido flexibles con este caso, ellos tienen derecho a la educación. Además, tienen limitaciones con el acceso a la salud. Los venezolanos no están aquí porque quieren”, precisa Villadiego.
El secretario de Educación de Montería, Ricardo Madera, asegura que sí se han escolarizado niños de familias migrantes de Venezuela, pero no precisó la cifra.
“La idea es ser garantes del derecho al acceso a la educación. En estos casos se ha tenido en cuenta las directrices que ha entregado Migración Colombia, que establecen las rutas para todas las territoriales. Si el niño es colombiano pero estaba en Venezuela debe ser sometido a un examen para establecer para qué nivel está apto y se procede a la matrícula. Es necesario que los padres hagan los trámites respectivos a través de Migración para la legalización de los documentos”, explica el funcionario.
Agrega Madera que la atención a hijos de venezolanos se trabaja desde el año pasado, “desde que empezó la coyuntura con el vecino país”.
La Alcaldía de Montería a través del secretario de Gobierno, Salim Ghisays, anunció una intervención al Cerro, con Migración Colombia, para identificar a las personas “que están viviendo de manera ilegal en Montería”.
“La ley es clara, a quienes tienen el permiso se les ha atendido en salud a través del Sisbén y con cupos en los colegios para sus niños, pero a quienes están de forma ilegal no los podemos atender porque la misma ley no lo permite, muchos no han formalizado el permiso y han llegado por las trochas de forma ilegal”, explica Ghisays.
La población venezolana solo en Montería se calcula suma unas 700 personas, según cifras de la Secretaría de Gobierno departamental, y subsisten de oficios varios. Otros 1.500, aproximadamente, estarían repartidos en municipios como Lorica, Cereté, Sahagún y Ayapel.
“Sé que estamos en Montería en calidad de préstamo, eso lo entendemos, porque no es como estar uno en su país”.