EXGERENTE DE TRIPLE A ANUNCIA QUE REPARARÁ AL DISTRITO
Ramón Navarro es investigado por la apropiación de $27 mil millones.
El secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge Padilla, dijo que desconoce cuál sería el monto de la reparación.
A través de un oficio por parte de sus abogados, el exgerente de Triple A Ramón Navarro comunicó que repararía al Distrito de Barranquilla en el proceso que se le adelanta por una presunta apropiación de $27 mil millones.
Así lo dio a conocer el secretario jurídico distrital, Jorge Padilla, quien añadió que se declararon víctima en el proceso penal contra ex directivos y directivos actuales de las empresas Inassa y Triple A.
En el mismo sentido, la empresa Triple A informó que frente al ofrecimiento de la defensa del ex gerente de la compañía Ramón Navarro Pereira de reparar al Distrito de Barranquilla, Triple A también se constituyó como víctima dentro del proceso penal que cursa en la Fiscalía 38 de la Unidad Anticorrupción de Bogotá.
LA REPARACIÓN. Padilla explicó que no saben cuál sería el monto de la reparación del Distrito, debido a que existe un valor global de $27.000 millones que investiga la Fiscalía General de la Nacional y van a determinar cuánto impacta esa cifra en la participación accionaria de ellos en la empresa.
“Hay que mirar cuál es la participación que nos está afectando en nuestra condición de socios. Eso tenemos que construirlo con la Fiscalía y con el abogado del señor Navarro”, sostuvo Padilla.
LO QUE DICE TRIPLE A. Según Triple A, la compañía viene brindando toda la colaboración y el apoyo a la Fiscalía General de la Nación y adelanta investigaciones internas para establecer la totalidad del monto de la defraudación, “toda vez que resulta prioritario para la compañía que todos los hechos en torno al ‘Caso Lezo’ sean aclarados en su totalidad”.
Sostiene la empresa que se mantiene atenta a las manifestaciones de indemnización previas al incidente de reparación de perjuicios que sean reales y estará presta para tratar estos temas de manera extraprocesal o en sede jurisdiccional, toda vez que representa y defiende los intereses de sus accionistas.
“Es importante anotar que el reconocimiento de víctima no depende de la manifestación unilateral de las partes sino de las decisiones de los jueces competentes”, dice el comunicado de la empresa Triple A.
INDAGATORIAS. En la Fiscalía 38 de la Unidad Anticorrupción de Bogotá se iniciaron ayer los interrogatorios de los directivos y exdirectivos de las empresas Triple A e Inassa, vinculadas a la ‘operación Acordeón’.
Se trata de los investigados Francisco Olmos Fernández Corugedo, exgerente de Triple A; Luis Fernando Arboleda González, exgerente de Triple A; Carlos Alberto Ariza Duque, exgerente de Triple A; Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A; Ramón Hemer Redondo, gerente actual de Triple A; Luis Alberto Nicolella de Caro, exgerente general de Inassa; Francisco Javier Malia Baro, exgerente general de Inassa; Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa; Alberto Muguiro Eulate (nacionalidad española), actual presidente ejecutivo de Inassa; Germán Sarabia Huyke, segundo suplente de la presidencia de Inassa, y Carlos Roca García, (nacionalidad española) actual gerente Inassa.
Trascendió que todos deberán responder, en princi- pio, por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Las entrevistas de estos ejecutivos corresponden a la determinación del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, de investigar los casos de corrupción que han puesto en riesgo los recursos relacionados con la prestación de los servicios públicos y del agua potable en la capital del Atlántico.
De acuerdo con la Fiscalía, la línea de investigación contra estas 11 personas está relacionada con el contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000, entre la empresa española Inassa y Triple A, en la que se pactó un pago mensual de 4.5% del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado $237.836 millones. Adicionalmente, se cree que el contrato no se ejecutó y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. –empresa del Grupo Español Canal Isabel II– y Slasa.