LA CRISIS HUMANITARIA en La Guajira no da tregua
Este año han muerto 16 niños por desnutrición o causas asociadas a esta Si la tendencia continúa, se prevé que al finalizar 2018 los menores fallecidos serán más de 60, afirmó la Defensoría del Pueblo.
Quiero tener agua potable fría”, fue la petición de una niña wayuu de la ranchería El Paraíso, ubicada a 16 kilómetros de Riohacha, al defensor del pueblo Carlos Negret Mosquera, quien estuvo recientemente en La Guajira.
Es un deseo que tienen miles de indígenas que en su mayoría viven de manera dispersa en esta hermosa y rica tierra que poco le han dado, pero muchos les han quitado.
El funcionario presentó en Riohacha un informe sobre la crisis humanitaria en esta región, que ha provocado la muerte de 16 niños este año por desnutrición o causas asociadas a esta, según el Instituto Nacional de Salud y que también se ha llevado la vida de 244 menores entre los años 2012 y 2016, según cifras entregadas por el Dane. El año pasado las muertes fueron 37.
Son muchas las razones que se han expuesto en foros, debates, discusiones y diagnósticos por las cuales estos niños mueren de hambre: la corrupción, la sequía, la migración venezolana, la inseguridad alimentaria e incluso los usos y costumbres de la etnia wayuu, entre otras.
Sin embargo, el más determinante es la falta de agua potable en los territorios indígenas, donde se abastecen para su consumo y preparación de alimentos de jagüeyes o pozos, muchos de los cuales fueron construidos hace cerca de 60 años.
Según la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional ha llevado a cabo varios proyectos en La Guajira en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida, pero “los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayuu”.
Igualmente, indica que se desconocen cuántas personas efectivamente están accediendo a esta agua potable. “Para la entidad esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la CIDH”, asegura el organismo.
Se refiere a varios fallos en los que se ordena al Estado proteger y velar por los derechos del pueblo wayuu, especialmente los niños.
Uno de ellos se produjo en diciembre del 2015, por parte de la Comisión de Derechos Humanos CIDH, que otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas, adolescentes de las comunidades del pueblo wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, las cuales fueron ampliadas en enero del 2017 a favor de “las mujeres gestantes y lactantes de la comunidad indígena”.
Igualmente, el Tribunal Superior de Riohacha, a través de una acción de tutela, amparó los derechos a la vida, la integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso al agua potable de los niños, niñas menores de cinco años de la etnia wayuu.
En la audiencia llevada a cabo en Riohacha, el defensor Negret afirmó que “a pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero del Gobierno, se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garantice los derechos de toda la comunidad wayuu”.
“Las cifras son catastróficas y los resultados demuestran que aún no se logra garantizar el derecho a la vida y a la salud en condiciones plenas”, enfatizó y agregó que “con la tendencia que tenemos este año, cuando van 16 fallecimientos por esta causa, al finalizar el 2018, tendremos 64 niños muertos por desnutrición, ¿y qué vamos a hacer para que esto no ocurra?”.
Negret recomendó que en materia de seguridad alimentaria es necesario que se formule un plan de acción a corto, mediano y largo plazo que garantice la disponibilidad de alimentos de calidad, el acceso y consumo.
“En el abordaje del derecho a la salud se debe ir más allá del discurso ante la realidad encontrada por la entidad. La cobertura de afiliación no ha logrado llegar al 100% de la población. Así mismo, la Defensoría encontró que no hay insumos para medir el acceso en condiciones de oportunidad y pertinencia a la población”, precisó.
Dijo igualmente que en la medida que no se cuente con sistemas de información articulados e intersectoriales se dificulta la toma de decisiones oportunas por parte de las entidades que intervienen y de la misma comunidad.
“La Defensoría no solo ha venido alertando y advirtiendo la grave problemática de vulneración de derechos, sino que ha formulado de manera oportuna recomendaciones con base en evidencias claras y precisas, identificadas en comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia”, indicó.
A este se le agrega que de acuerdo a las cifras del Dane, durante el 2017 La Guajira no avanzó en la lucha por reducir la pobreza. Mientras ella se redujo 1.1% en lo nacional, en La Guajira se movió negativamente en 0,1%.
LOS WAYUU Y DEFENSORÍA. El líder wayuu Ja- vier Rojas, peticionario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo wayuu, afirmó que las acciones del Estado son mínimas frente a la problemática que viven los indígenas.
“Las muertes no han parado, porque cada semana estamos recibiendo el reporte de uno, dos y hasta tres niños muertos por desnutrición o causas asociadas, y se lo hemos dicho al Gobierno Nacional, pero no están interesados en cumplir las medidas cautelares”, aseguró.
La líder de la comunidad de Provincial en el municipio de Barrancas María Cristina Figueroa Bouriyu aseguró en la audiencia defensorial, que “la desnutrición es un tema de profundidad, en el que se deben entender las particularidades territoriales y no puede ser tocado fuera de las comunidades indígenas afectadas”.
Por su parte, Angélica Ortiz, del movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu, asegura que el grave problema es el agua, la cual no ha llegado a todas las comunidades, y dice que este es el tema más sensible en la crisis que enfrentan.
“Queremos que los proyectos sean a largo plazo y no inmediatistas, los cuales en vez de solucionar el problema, crean otros como la contaminación”, afirmó.
El pasado febrero estuvo en La Guajira una delegación de Emiratos Árabes Unidos junto al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Carrillo, quien dio a conocer el proyecto piloto de pilas públicas diseñado por Minvivienda como un modelo alternativo para el abastecimiento de agua potable a las comunidades indígenas wayuu en la zona rural de este departamento.
EL DEPARTAMENTO ESTÁ INTERVENIDO. La gobernadora encargada de La Guajira, Tania Buitrago, asegura que desde que llegó al cargo en noviembre de 2017 no ha dejado de trabajar por los niños de este departamento. “Nos duelen esas muertes, y por eso hemos hecho un llamado permanente al Gobierno Nacional, que ha respondido positivamente”, indicó.
Recordó que los servicios de salud, educación y agua en el Departamento están intervenidos y cada uno de estos sectores es responsabilidad de los ministerios.
“Estas muertes se deben también a muchos factores, como la falta de agua potable, de proyectos productivos y su sostenibilidad, también tenemos problemas de coordinación y de engranaje de las iniciativas, porque hay comunidades donde nunca se ha llegado”, explicó.
Precisamente, la mandataria junto a la directora del ICBF, Karen Abudinén, dieron a conocer lo que se ha denominado la ‘Operación Guajira’, una jornada en la que 600 funcionarios de todo el país están trabajando durante diez días en esta región para llegar a 240 comunidades indígenas que no están siendo atendidas.
Según Abudinén, “esta cruzada sin antecedentes en la historia del ICBF, permitirá llegar a zonas muy alejadas en la geografía de La Guajira para identificar factores de riesgos para las comunidades, familias y personas que necesitan atención por parte de las entidades del Estado”.
“Las muertes no han parado, porque cada semana estamos recibiendo el reporte de uno, dos y hasta tres niños muertos por desnutrición” .