Inquietantes dudas
La captura de Santrich pondrá a prueba al tribunal especial de paz, y, de confirmarse las acusaciones, abriría serios interrogantes acerca del verdadero alcance del compromiso de la Farc con la legalidad.
La sorpresiva captura del dirigente de la Farc Jesús Santrich, a quien EEUU solicita en extradición por narcotráfico, ha caído como un mazazo en medio del ya encendido debate político sobre la implementación del acuerdo de paz. La noticia ha venido precedida de una intensa polémica por las presuntas irregularidades en el manejo de 34 millones de dólares destinados al posconflicto, que ya costó la cabeza, el lunes pasado, de la directora del Fondo Colombia en Paz. La captura de Santrich, junto a otras cuatro personas, da pie a varias reflexiones, más allá de la previsible pugna dialéctica que ha desatado entre defensores y detractores del acuerdo con las Farc.
Por una parte, y si las pruebas de la DEA son “concluyentes ” como afirmó el presidente Santos, Santrich habría participado en operaciones de tráfico de droga tras la firma del acuerdo, con lo que ya no estaría cobijado por los generosos mecanismos de la justicia transicional. Ahora bien, el exguerrillero no quedará automáticamente en manos de la justicia ordinaria. Según el acto legislativo de 2017 que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), será este tribunal el que decida, en un plazo de 120 días, si la acusación contra Santrich tiene fundamento como para excluirlo de los beneficios de la justicia transicional. Aquí surge el primer problema, ya que los detractores del acuerdo de paz, con el uribismo a la cabeza, han puesto desde el primer momento en entredicho la imparcialidad de la JEP. Tomar una decisión sobre Santrich será, pues, una prueba crucial para que este tribunal demuestre (o no) su compromiso con el rigor jurídico, sea cual fuere el sentido de su fallo.
Por otra parte, la participación de Santrich en el tráfico de droga, en caso de que se confirme, abriría serios interrogantes sobre el verdadero alcance de la desmovilización de las Farc. ¿Siguen estas, como organización, metidas en el negocio de la droga? ¿Los denominados grupos disidentes que siguen operando son, en realidad, disidentes o forman parte de una estrategia convenida con la Farc o con parte de este partido? Son preguntas razonables, similares a las que surgieron en el proceso de desmovilización del paramilitarismo, que dejó una estela de bandas criminales relacionadas en muchos casos con las antiguas estructuras ‘paras’.
Todo lo sucedido en las últimas horas no hace sino reafirmarnos en la necesidad se seguir con la máxima atención el desarrollo del acuerdo de paz. El Estado debe extremar el celo para que se aplique con rigor la ley en el caso Santrich y para establecer el alcance real de los compromisos de la Farc con la legalidad.
Las preguntas que hoy surgen sobre la Farc son similares a las que afloraron en el proceso de desmovilización paramilitar, que dejó una estela de bandas criminales relacionadas en muchos casos con las antiguas estructuras ‘paras’.