Queda en firme la suspensión de obras en ‘Aquarela’
Continúa la investigación de la Procuraduría. Todavía no definen la fecha para la nueva audiencia.
CARTAGENA. Una ratificación a la suspensión de las obras del polémico edificio Aquarela que se levanta en inmediaciones del Castillo de San Felipe fue la que dio el pasado miércoles el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmando así la medida que adoptó el año pasado el Juzgado Décimo Administrativo.
La providencia se conoció luego de que fuera suspendida la audiencia que estaba programada el mismo miércoles en horas de la tarde a la que se tenía previsto asistiría la Procuraduría, el Ministerio de Cultura, la administración distrital y representantes de la obra. La nueva fecha será dada a conocer en los próximos días.
La ratificación del Tribunal dejó en firme la suspensión temporal de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena, que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle 47 SAS.
Para el tribunal Administrativo de Bolívar el Curador Urbano No 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana.
SOBRE LAS LICENCIAS. En concepto de los magistrados del Tribunal, la decisión de la primera instancia resulta acertada porque el Curador Urbano No 1 de Cartagena debía ser muy cuidadoso al momento de expedir las licencias urbanísticas que aprobaron la construcción de un proyecto de la magnitud de Aquarela, porque a su alrededor se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como el Castillo de San Felipe, que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general.
Por esa razón el Tribunal confirmó las medidas cautelares adoptadas el 6 de diciembre pasado por el juez de primera instancia, al estar amenazados los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación.