Distrito debe recuperar el control de la Triple A
La Procuraduría envió un documento de reclamación al alcalde Alejandro Char y a la Superservicios, Rutty Ortiz, en el que también insta a terminar contrato de asesoría técnica.
El Ministerio Público exige cumplir el acuerdo del Concejo de 1991 que obligaba al Distrito a tener como mínimo el 85% También insta a terminar el contrato de asesoría técnica entre la empresa y su hoy accionista mayoritaria, la española Inassa.
“No se conoce que el Distrito haya hecho algo por impedir el desfalco de los dineros públicos con los pagos a Inassa de un contrato de asistencia técnica no prestada pese a que los alcaldes desde 1996 hacen parte de la junta directiva de la Triple A”.
La Procuraduría General de la Nación exigió al Distrito de Barranquilla ejecutar las medidas que sean necesarias para garantizar a los usuarios la recuperación del control accionario de la empresa Triple A.
El ente de control hace la reclamación ante los presuntos hechos de corrupción descubiertos en dicha compañía, con el fin de proteger los “intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a los servicios públicos”.
Mediante un documento dirigido al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; a Ramón Hemer, gerente general (e) de Triple A, ya la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Rutty Paola Ortiz, el ente de control enfatiza en que no conoce acción alguna tendiente a evitar que su posición mayoritaria inicial equivalente a 85%, según lo ordenó el Acuerdo Municipal 023 de 1991, expedido por el Concejo de Barranquilla haya disminuido hasta llegar al 14.5%.
Por lo anterior, la Procuraduría requiere al representante legal del Distrito de Barranquilla tomar decisiones y fijar posición al interior de la junta directiva de la compañía de acueducto, alcantarillado y aseo, a efectos de que se “ejerza” el control de tutela en una entidad de carácter pública de la cual es miembro y en la que la intención del acto de creación por parte del Concejo de Barranquilla fue que la misma siempre tuviera una posición accionaria mayoritaria.
En el documento de la Procuraduría conocido por EL HERALDO, de fecha 2 de abril de 2018 y firmado por los procuradores judiciales de asuntos administrativos Welfran de Jesús Mendoza Osorio, Javier Francisco Lizcano Rivas, Juan Antonio Spirko Payares y Natalia Ordóñez solicita “adoptar y ejecutar inmediatamente” las medidas que sean necesarias para la protección de los intereses colectivos, al acceso de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
TERMINAR CONTRATO DE ASESORÍA TÉCNICA. Aparte de exigir cumplir el Acuerdo del Concejo de 1991, que obligaba al Distrito a tener como mínimo el 85% de acciones, el Ministerio Público también insta a terminar el contrato de asesoría técnica entre la empresa Triple A y su hoy accionista mayoritaria, la española Inassa.
“No se conoce que el Distrito de Barranquilla haya hecho algo por impedir el desfalco de los dineros públicos con los pagos de Inassa de un contrato de asistencia técnica no prestada, pese a que los alcaldes distritales desde el año 1996 y a la fecha hacen parte de la junta directiva de la Triple A, que es una sociedad de economía mixta, y con perjuicio de control de tutela que debió ejercer en su calidad de socio”.
Dice además, que se debe hacer la devolución por parte de Triple A e Inassa de la totalidad de los dineros pagados con ocasión de dicho contrato y de aquellos dineros “desfalcados” por los funcionarios actualmente investigados, debidamente actualizados, así como la reliquidación de utilidades a favor del Distrito.
En el documento de reclamación, el Ministerio Público al referirse a la empresa Triple A dice que con el presunto “accionar criminal e infractor de la ley penal y disciplinaria” imputables a algunos de sus directivos y exgerentes, es claro que no basta con ser considerada una empresa con aparentes altos niveles de calidad, si ello no obedece a una “conducta transparente” y “responsable” con la sociedad barranquillera a la que sirve.
Dice además que al contratar una asistencia técnica con la sociedad Inassa, “que nunca se ha prestado como corresponde”, en el fondo lo que se hizo fue favorecer el “enriquecimiento ilícito” de particulares que vienen siendo objeto de las investigaciones penales y disciplinarias.
En otro de los apartes de la reclamación señala el documento que “no basta para el Ministerio Público que, por parte de la directiva de la Triple A, se hagan declaraciones formales según las cuales “se continuará colaborando con los entes y autoridades de control y vigilancia, facilitando así el debido proceso con el fin de resolver todas las situaciones a que haya lugar”, pero que no se tomen y ejecuten acciones drásticas para poner fin al contrato de asistencia técnica, además de disponer lo necesario para el reintegro de la totalidad de las sumas de dinero cobradas por Inassa con ocasión de dicho contrato. Además de las sumas “desfalcadas ilícitamente” por Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A, quien aceptó cargos en la audiencia de imputación realizada en el Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Garantía, y los representantes de la empresa Inassa entre los años 2012 y 2015, tal como ha sido descubierto hasta ahora, sin perjuicio del avance de las investigaciones penales y disciplinarias abiertas a la fecha. A LA SUPERSERVICIOS. También el ente de control reclama a la Superservicios, entre cuyas funciones legalmente establecidas está la de ejercer la función presidencial de inspección, vigilancia y control, pues con su omisión permitió que Triple A e Inassa hayan vulnerado los principios de libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante, de la organización de los sistemas de información, capacitación y asistencia técnica y de prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de los servicios públicos domiciliarios con el argumento que solo está para “verificar que no haya una afectación en la prestación del servicio asociada a la situación de este socio (Inassa) que tiene la empresa Triple A”.