EEUU destaca medidas de Colombia para garantizar Derechos Humanos
En el informe anual (2017) del Departamento de Estado indica que fueron los grupos armados ilegales “los principales responsables” de los abusos cometidos en el país.
WASHINGTON . El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer ayer su informe anual sobre Derechos Humanos en el cual destaca de Colombia las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para “investigar, enjuiciar y castigar” a los funcionarios y personas que cometieron abusos contra los derechos humanos,“incluidos jueces, alcaldes y otras autoridades locales”, además de las políticas emprendidas para la acogida de migrantes Venezolanos.
Destaca el informe presentado por el secretario de Estado interino John Sullivan, sobre el apartado ‘Colombia’, que las autoridades civiles en general “mantuvieron un control efectivo” sobre las fuerzas de seguridad.
Los abusos que más persisten, incluyen “los homicidios extrajudiciales e ilegales; informes de tortura y detención arbitraria; corrupción; violación y abuso de mujeres y niños por parte de grupos armados ilegales; aborto forzoso llevado a cabo por grupos armados ilegales; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
La violencia y el desplazamiento forzado de personas afrocolombianas e indígenas se mantienen, al igual que el trabajo infantil ilegal y otros actos de violencia contra sindicalistas.
Por otro lado, resalta que
“las organizaciones de derechos humanos, las víctimas y los investigadores del gobierno acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno de colaborar o tolerar las actividades de bandas delictivas organizadas, que incluían a algunos exmiembros paramilitares”.
ABUSOS EN CONFLICTOS INTERNOS. En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, señalan el documento que “las Farc comataques pletaron su desarme el 15 de agosto... pero aproximadamente entre 800 y 1.500 miembros disidentes de las Farc no participaban en el proceso de paz”.
Sin embargo, este paso sirvió para la reducción , de los niveles de violencia en Colombia en el 2017.
Enfatiza que los grupos armados ilegales, incluidos el Eln y los narcotraficantes, “fueron autores importantes de crímenes violentos y cometieron homicidios ilegítimos”.
ASESINATO DE LíDERES. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que 73 líderes sociales fueron asesinados entre enero y diciembre 20. “El presidente (Santos) abordó los a los líderes sociales en el primer aniversario del acuerdo de paz y dijo: “Cada asesinato, cada ataque, cada amenaza nos hiere” y se compromete a “proteger a los líderes (sociales) y capturar a los responsables”.
VIOLENCIA SOCIAL CONTRA LGBTI. Critica el informe, no obstante, la violencia a la que son sometidas las personas por su orientación sexual o su raza. “A pesar de las medidas gubernamentales para aumentar los derechos y la protección de las personas LGBTI, hubo informes de abuso y discriminación social, así como de agresión sexual”.
“La ONG Colombia Diversa reportó tres casos, que involucraron a cuatro víctimas, de abuso policial de personas debido a su orien- tación sexual o identidad de género, con la mayoría de las quejas provenientes de personas transgénero”, cita el documento.
PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS. El informe ve con buenos ojos las medidas adoptadas por el gobierno para darle acogida a los refugiados venezolanos.
“En respuesta al aumento de los flujos migratorios, el gobierno introdujo en febrero el registro de tarjetas de movilidad fronteriza que les permiten a los venezolanos el derecho de ingresar temporalmente a Colombia por razones familiares o comerciales”.
Este tipo de documento le otorgan a los portadores el derecho de viajar más allá de las áreas fronterizas, trabajar o residir enen el país. “Hasta el 31 de octubre, se habían emitido más de 1.2 millones de tarjetas fronterizas a los venezolanos”.
SITUACIÓN CARCELARIA. El texto denuncia que la mayoría de los centros carcelarios “estaban superpoblados y carecían de saneamiento adecuado” y brindaban servicios de salud deficientes y otros servicios básicos. Además de la mala capacitación de los funcionarios siguió siendo un problema en todo el sistema penitenciario.
PROTECCIÓN A LA MUJER. La violencia contra las mujeres y la impunidad de los perpetradores siguieron siendo un problema, dice el informe. Los miembros de grupos armados ilegales, incluidos antiguos miembros paramilitares y guerrilleros también continuaron violando y abusando sexualmente de mujeres y niños.
“El gobierno continuó empleando la unidad interinstitucional de la Unidad de Investigación de Agresión Sexual Elite en Bogotá, que se dedicó a la investigación de casos de agresión sexual. Hasta finales de julio, la Oficina del Fiscal General abrió 14,249 investigaciones por abusos sexuales”. RP