República independiente de Cartagena
Las decisiones del procurador general se respetan en todo el país. Menos en Cartagena. El artículo 275 de la Constitución Política determina que es el “supremo director del Ministerio Público”.
Como tal, le corresponde velar “por el cumplimiento de la Constitución, las le- yes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Su fuero le permite “intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.
No hay, en términos de la representación de la sociedad, una mayor autoridad.
Pero eso solo pasa en 1.141.139 kilómetros cuadrados del territorio nacional. En los 609 de Cartagena, de ninguna manera, porque la ciudad es una especie de república independiente y, por tanto, intocable, en la que se pasan por la faja a cualquier autoridad.
Fernando Carrillo, el procurador, dijo la semana pasada que el candidato a la Alcaldía Antonio Quinto Guerra estaba inhabilitado. Lo dijo con argumentos que, a la luz de cualquier abogado, eran insoslayables.
Eso, en cualquier lado. Menos en Cartagena.
Facultado por la Carta, Carrillo conceptuó que nadie puede aspirar a cargo público en una elección popular si un año antes ha sido contratista del Estado. El agravante era, como en este caso, que hubiera actuado como tal en el propio territorio de los comicios.
A Antonio Quinto Guerra no le quedaba más alternativa que renunciar.
En el evento remoto de que no hubiese un impedimento legal, por lo menos hay uno ético. Eso, si fuese candidato de cualquier otra ciudad del país o del mundo. Pero Guerra aspira a gobernar a Cartagena.
Él no es el paradigma de la desobediencia. Hay que ser justos. Detrás de él hay una tradición de corrupción política que, si bien podría ser sintomática de la del resto del país, tiene allí una característica diferenciadora: en Cartagena no caen los reyes sino los peones del ajedrez de la podredumbre.
Es claro que a la ciudad no la gobiernan los alcaldes sino las mafias. Por eso en los últimos ocho años han entrado y salido ocho burgomaestres en el marco de la peor crisis institucional que haya ocurrido en una ciudad colombiana, pero nada de ello los ha tocado: su poder para elegir o contratar se mantiene incólume.
Algún capo di capi ha podido quedar inhabilitado para ejercer funciones públicas, pero no importa: ellos tienen la capacidad de mimetizarse en una esposa o en un hijo o en un hermano, y seguir gobernando.
Con esa piel camaleónica hoy le dicen a Guerra que se mantenga, que no sea tonto, que active esta cortina de humo, que invente que tal candidato es estafador, que aquí tiene esta encuesta para confundir, que compre a aquel periodista, que ya le tienen abogado, que si lo meten preso ellos lo sacan.
Es que están en Cartagena. La ciudad donde todo puede ocurrir, inclusive, pasarse por la faja al Procurador General de la Nación.