Preguntas sobre el caso Triple A
El procurador general, Fernando Carrillo, quien en el tema de la Triple A se ha mostrado más dinámico que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha dicho dos cosas supremamente importantes: que la estructura accionaria de la empresa debe respe- tar el mandato del Acuerdo 023 de 1991, según el cual el 85% debe ser siempre del Distrito y el 15% de los privados, y que el contrato de “asistencia técnica” firmado entre Triple A e Inassa, mediante el cual la primera venía transfiriéndole a la segunda el 4,5% del recaudo mensual, nunca se cumplió. Cabe recordar que los pagos por este contrato se suspendieron en noviembre del año pasado y hasta entonces –de acuerdo con un informe de auditoría del ministerio público– se le habían cancelado a Inassa $221.752 millones.
Al divulgarse la noticia, el alcalde Char dijo que lo que realmente le interesaba era que los servicios de la Triple A siguieran prestándose “las 24 horas del día y con calidad”. En marzo de este año vino la captura de Ramón Navarro, exgerente de la Triple A, quien confesó que entre el 2012 y 2015 se había apropiado de $27.879 millones de manera ilícita, razón por la cual le ordenaron detención domiciliaria.
Las preguntas que surgen, entonces, de este entramado complejo son, a mi juicio, las siguientes: 1) Si no hubo la tal “asistencia técnica” de Inassa a Triple A, ¿a qué bolsillos fueron a dar esos dineros y quiénes están involucrados en esa operación delictuosa contra los intereses de la ciudad? 2) Lo girado a Inassa, ¿debería devolverse en la forma de acciones al Distrito para que empiece a restablecerse lo ordenado por el Acuerdo 023 de 1991 o reembolsarse a los usuarios vía tarifa?
No es suficiente con pedir –como lo ha planteado el señor alcalde– que no se afecten los servicios de la Triple A. Aquí ha habido un caso muy grave de corrupción con los dineros de nosotros los usuarios, y la credibilidad y el futuro mismo de la empresa pasan por castigar a todos los que se han enriquecido con las altas tarifas que pagamos los barranquilleros. El asunto Triple A debe tener un desenlace con implicaciones disciplinarias y penales, y debe haber también una devolución de los dineros hurtados con fines de enriquecimiento.
Veo con desconcierto que el señor alcalde no haya hecho un minucioso y contundente pronunciamiento sobre el tema. En la columna pasada le sugerimos que se constituyera en parte civil en defensa de la ciudad. Barranquilla merece una posición muy clara del jefe del gobierno local. El Concejo tampoco ha dicho esta boca es mía. Su silencio aterra. Como si la olla podrida de la Triple A no fuese el caso de corrupción más vergonzoso que ha tenido Barranquilla en su historia reciente. Este escándalo ha revivido las escalofriantes historias de putrefacción de las EPM que narró Juan Gossaín en sus crónicas de EL HERALDO.