“Hay salidas al exterior de exfarc que no debieron ser autorizadas”: JEP
La justicia especial alegó extralimitación de funciones. F. Arellán, condenado por el Club el Nogal, viajó a Venezuela.
BOGOTÁ. La Justicia Especial para la Paz aclaró mediante un comunicado que hay salidas del país de excombatientes de las Farc que no debieron ser autorizadas, y precisó que la salida de Fernando Arellán –condenado a más de 40 años por el atentado al Club el Nogal y quien estuvo de vacaciones en las Islas Margarita de Venezuela entre el 23 y 29 de marzo de 2018– y de otros cinco exguerrilleros fue autorizada exclusivamente por el otrora ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa.
En el texto se explica que los permisos para las salidas de exguerrilleros del país posteriores al 15 de enero de este año, no eran competencia de la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción sino de la Sala de Amnistía e Indulto.
“La Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo competencia para otorgar permisos de salidas del país a ex integrantes de las Farc acreditados por el Alto Comisionado para la Paz hasta el 15 de enero de 2018, fecha de inicio de las funciones judiciales de la jurisdicción, ello con fundamento en Ley 1820 de 2016 y el Acto Legislativo No. 1 de 2017”, señala el comunicado.
Por tal razón, “la Presidencia de la JEP expidió la Resolución No. 011, del 20 de abril, a través de la cual ratifica que esa función es exclusiva de la Sala de Amnistía o Indulto”, se indica para ratificar que la salida de Arellán no debió ser autorizada. La decisión que tomó Correa está bajo la investigación de la Procuraduría General de la Nación.
“Los integrantes de las FARC-EP que se encuentren acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que tengan medidas restrictivas para la salida del país, podrán salir del país con previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz”, explicó el comunicado.
Este episodio relacionado con la Justicia Especial para la Paz se suma a la fuerte polémica que desde hace unos meses hay alrededor del Caso ‘Jesús Santrich’, a quien la JEP suspendió su órden de estradición hacia los Estados Unidos por presunta conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína al país del norte.
No han sido pocas las posiciones en contra de dicha medida. Una de las más férreas ha sido la que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez , ha hecho, al argumentar que la JEP se extralimitó en sus competencias, pues la ley reglamentaria que la regula todavía no ha terminado su trámite al interior del Congreso de la República. RP