Defendiendo la Tv
El sector audiovisual se manifestó con vehemencia en contra del trámite que hasta ayer cursó en el Senado del proyecto de Ley 174. En líneas generales, el citado proponía la creación de un regulador convergente para la televisión y los servicios de telecomunicaciones al tiempo que cambiaba las reglas de recaudo y administración del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, el mismo del que se nutre la televisión pública colombiana.
En el menester de opinar al respecto, y como en ocasiones anteriores, aclaro que quien firma esta columna oficia igualmente como Defensor del Televidente de Telecaribe.
Es necesario recalcar en un punto de partida que se torna indiscutible: los cambios tecnológicos y las redes digitales trajeron consigo ajustes en la industria audiovisual, la generación y distribución de contenidos, y la relación del medio con la audiencia. En ese sentido, es ingenuo pretender entender y regular a la televisión basados en definiciones anacrónicas sustentadas mayormente en consideraciones técnicas y sin tener en cuenta las aristas sociales y culturales que el consumo de contenidos audiovisuales trae consigo. Empezamos mal entonces si cualquier intención regulatoria no redefine el medio de manera consensuada e incluyente. La Tv es tecnología, pero no es solo eso. El primer cambio debe pasar por revisar las definiciones que desde 1995 se han mantenido en una regulación reactiva y no proactiva.
Uno de los temas que más preocupa al sector audiovisual se relaciona directamente con la financiación de la televisión pública, y que actualmente se nutre en enorme medida de las tarifas que por concesión o compensación pagan los operarios privados, tanto de Tv abierta como cerrada. Vamos por partes: no es posible negar que las nuevas plataformas de distribución de contenidos han afectado el crecimiento de la industria tradicional de operadores de televisión por suscripción; y tampoco es posible negar que en aras de una justa competencia es necesario que los servicios de distribución de contenidos audiovisuales por red, entiéndase por ejemplo a Netflix, deben asumir una carga impositiva en similar medida a la que actualmente pesa sobre los citados operadores.
Pero así como no es posible lo anterior, es inaceptable que el proyecto de Ley fije porcentajes de recaudo sin que medien estudios sectoriales serios, completos, proyectados al largo plazo, en los que participe de manera directa la televisión pública tal y como lo ha hecho la privada. Según las cuentas de RTVC y los canales regionales, son cientos de miles de millones los que dejaría de percibir la televisión pública tan solo en el 2019. No deja de ser paradójico que esto ocurra en uno de los mejores momentos históricos para la Tv pública.
Se me acabó el espacio, pero no el tema. Dejo una pregunta final: ¿Les parece democrático que la televisión pública termine dependiendo de los vaivenes e intereses de los gobiernos de turno? ¿Cierto que no?
A la TV pública hay que defenderla.