A media marcha avanza la norma que reglamenta la Justicia Especial de Paz
La voluntad política del Senado está en entredicho.
BOGOTÁ. Incierta. Esa es la suerte que tiene en este momento el proyecto de ley por medio del cual se define el mecanismo de reglamentación con el cual operará la Justicia Especial para la Paz (JEP), debido a que a menos de una semana de terminar las sesiones ordinarias en el Congreso a la norma le falta su discusión y aprobación en las plenarias de Senado y Cámara.
Aunque el tema del tiempo no le afana tanto al Gobierno, porque ya anticipó las sesiones extras, las cuales irían por una semana más, el inconveniente es que al menos en el Senado el respaldo a la misma ley no sería tan fácil de alcanzar.
En las dos últimas sesiones esa corporación aprobó el impedimento a quince de sus senadores, entre ellos a Álvaro Uribe, Fernando Araujo, Mauricio Aguilar, Nadia Blell, Honorio Galvis, Juan Sammy Merheg, José Alfredo Gnneco y Olga Suárez, entre otros.
El lunes se retomará la discusión en la plenaria, aunque ya quedan al parecer dos impedimentos más, esto lleva a que se requerirán al menos 44 votos para que sea aprobado el proyecto, en medio de una amplia oposición que tiene la misma.
En la Cámara de Representantes la suerte de la ley al parecer es un poco distinto, en la última sesión ya se votó el informe con el cual se termina la ponencia, es decir que se abrió la votación formal del articulado.
Ante la preocupación de que no avance esta ley, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su apoyo a la Justicia Especial para la Paz (JEP), y espera que el Congreso la reglamente.
En un comunicado que expidió este jueves, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que “la verdadera paz pasa por la Verdad, la Justicia, la Reparación, la Memoria y las Garantías de no Repetición de violaciones de derechos humanos, por eso desde ONU Derechos Humanos apoyamos el trabajo de la JEP y buscamos fortalecerla a través de asesoría técnica y apoyo estratégico”.
“El mandato de la Oficina es velar para que todos los estándares internacionales y las recomendaciones, en materia de derechos humanos, sean acogidas e implementadas en el día a día por las instituciones del Estado, incluido el Congreso, y por la sociedad civil”, dice el vocero de la ONU.