Concejo pagó a 13 miembros de la red de Aida Merlano
EL HERALDO conoció un contrato suscrito con Sara Luz Jiménez, firmado por el expresidente del cabildo, José Cadena Bonfanti, y postulado por el concejal Juan Zamora.
Documentos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso EL HERALDO muestran que el Cabildo firmó contratos de servicios con personas vinculadas a la organización de compra de votos que dirigía la excongresista En la sede de su campaña se hallaron cheques de aportes privados por valor de $1.500 millones.
BOGOTÁ. Un total de 13 contratos que suman más de $180 millones suscribió el Concejo de Barranquilla con personas ligadas con la ‘Casa Blanca’ -como se le conoció a la allanada sede política de la detenida representante conservadora Aída Merlano-, en la que, según la Fiscalía General de la Nación, constituyó una de las dos vías de financiación de la más grande y sofisticada organización criminal de corrupción electoral de la que se tenga registro en el país.
Estos contratistas, que fueron la mayoría detenidos entre las dos tandas de capturas por este caso, eran postulados además por los concejales llamados a imputación el próximo 30 de julio, señalados de haberse favorecido de la compraventa de votos puesta al descubierto por el ente acusador.
CONTRATO “DE APOYO”
Uno de los contratos bajo la lupa de la Fiscalía, suscrito entre la detenida Sa- ra Luz Jiménez Otálvarez -empleada de confianza de Merlano- y el expresidente del Concejo José Cadena Bonfanti, del Partido Liberal, fue postulado por el concejal Juan Carlos Zamora, llamado a imputación por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
Dicho contrato, conocido por EL HERALDO, tiene fecha del 16 de enero de 2017, por una suma de $17.600.000, que serían pagados durante 11 meses por un valor mensual de $1.600.000 y tiene como objeto “la prestación de servicios profesionales/ técnicos de apoyo en el área que le asigne el concejal postulante”.
Para pagar esta suma, el cabildo distrital emitió el certificado de disponibilidad presupuestal número 095 de enero 16 de 2017, la reserva presupuestal número 136 de la misma fecha y la imputación presupuestal 212001.
LOS CONTRATISTAS
La contratista Sara Luz Jiménez tiene desde el pasado 26 de mayo medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado, obtención de documento público y corrupción al sufragante.
La detenida es señalada de ser la encargada de pagar los dineros que se les debía a los líderes de compra de votos por su operación fraudulenta y, además, de haber intentado recuperar con documentos falsos los computadores incautados en medio de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.
Los otros capturados presuntamente vinculados a la ‘Casa Blanca’ son Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales; Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores y Carlos Alberto Jiménez Otálvarez, abogado.
Entre tanto, los concejales y exconcejales llamados a imputación son, además de Zamora, Aissar Castro Bravo, conservador; Aissar Castro Reyes, de Cambio Radical y Vicente Támara, de Opción Ciudadana.
Así mismo, deberán acudir a los estrados en la misma diligencia la excandidata de Cambio Radical a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás y los diputados conservadores del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén.
CHEQUES POR $1.500 MILLONES
En la otra vía de financiación de la ‘Casa Blanca’, la privada, una fuente de la Fiscalía dijo a este diario que a la organización entraron cerca de un centenar de cheques por distintos montos que van desde los $5 millones hasta los $100 millones, para una suma total de al menos $1.500 millones.
Por esto, la Fiscalía llamó a interrogatorio de indiciado a los reconocidos empresarios barranquilleros Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, “por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral”.
Según explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez, hay cheques que implicarían a los dueños de la firma Valorcón, detrás por ejemplo de la primera fallida APP del Río con el consorcio Navelena.
Estos cheques fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal, como Edwin Martínez, quien durante febrero de 2018 cobró 21 cheques por $1.000 millones y otro particular, por ejemplo, llegó a cobrar, en un mismo día, varios cheques por más de $500 millones.
PAQUETES DE HASTA MIL VOTANTES
Este diario conoció que los denominados ‘paquetes de votantes’ eran manejados por una veintena de líderes de la ‘Casa Blanca’, que ofrecían hasta mil votantes por diversas sumas que serán reveladas en la imputación que se prepara contra los compradores de sufragios.
Estos líderes citados al estrado eran quienes tenían mayor influencia dentro de la organización y eran los de mayor fidelidad a la misma.
Por lo anterior, serán imputados, en fecha por definirse, los primeros 20 líderes de ‘paquetes de votantes’ por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos.