El Heraldo (Colombia)

Fantasma de las Farc

- Por José Felix Lafaurie @jflafaurie

El presidente Duque ha sido enfático en llamar las cosas por su nombre: el narcotráfi­co no será conexo al delito político; cualquier forma de criminalid­ad será rechazada; no se burlará a las víctimas y, por eso, las armas o dineros escondidos, y la reincidenc­ia, tendrán sanción ejemplar.

Es una advertenci­a al partido Farc, que insiste en hacer uso de sus prebendas sin cumplir ninguna de sus responsabi­lidades. Santrich, pedido en extradició­n por narcotráfi­co, con pruebas que la Fiscalía califica de contundent­es, no se podrá posesionar como representa­nte, y punto; así Márquez califique el proceso de “montaje aleve” y Alape matricule al fiscal como enemigo de la paz.

Márquez renuncia al Senado aduciendo razones de ocasión, pero lo cierto es que, perseguido por el caso Santrich, se “escapó” de Bogotá hacia Miravalle, Caquetá, sin renunciar a la seguridad del Estado ni a su posición en la CSVI, pero cerca del monte y lejos de la Fiscalía, por si su sobrino mafioso decide cantar más de la cuenta.

Lo reemplaza Alberto Zúñiga, alias ‘Benkos Biohó’, condenado a 36 años y 6 meses de prisión por la masacre de Bojayá, delito que debería cerrarle las puertas del Congreso. Si las Farc tuvieran algo de respeto por las víctimas y por el país, deberían designar, por iniciativa propia, los 10 parlamenta­rios entre sus miembros sin acusacione­s de delitos de lesa humanidad; y si no lo hacen, los que sean condenados, como plantea el presidente Duque, deberán dejar su curul para pagar las penas de mentirilla­s de la JEP.

Pero el Acuerdo fue generoso en exceso. No importa que lleguen criminales al Congreso, sin devolver propiedade­s ilícitas, sin entregar informació­n sobre narcotráfi­co y, lo más grave, sin reparar una sola víctima.

Las cosas no pintan mejor con las disidencia­s, brazo armado y encargadas de la continuida­d de sus negocios ilícitos. Mientras Santos y su cuestionad­o ministro se empeñan en desestimar­las, los medios dan cuenta de reclutamie­nto de menores y de venezolano­s, y de fuerte control en zonas cocaleras. Hoy Villegas acepta que “no superan los 1.300”, mientras el Fiscal sostiene que la cifra “es mayor a la que se conoce públicamen­te”.

Santos, por su parte, arremete contra los medios, como hace cuando se desmarcan de su coro de aplausos, y acusa a la gobiernist­a revista Semana de “generar miedo y todo tipo de problemas” con una carátula “falsa e irresponsa­ble”, hecha “para vender más revistas”. Delicadas acusacione­s. ¿La razón?, un especial denunciand­o “El plan para refundar las Farc” a partir de 29 estructura­s disidentes.

No nos digamos mentiras, el país está lejos de cerrar la página de las Farc, porque no quieren reinsertar­se sino imponerse, y porque mientras haya narcotráfi­co, habrá armas; mientras haya armas, habrá violencia; y mientras haya violencia no podrá construirs­e la verdadera paz.

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