Serenidad y respeto

Tras la decisión de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al expresidente Uribe, lo que se impone en la presente coyuntura es llamar a la tranquilidad y al respeto escrupuloso de las instituciones.

Dejemos trabajar a las instituciones. Mas allá de si Uribe es responsable, o si todo es un complot en su contra, estamos asistiendo a tramas siniestras que no deberían caber en nuestro país.

Un revuelo enorme en medios jurídicos y políticos ha desatado, comprensiblemente, la decisión de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Decimos que la polvareda es comprensible porque se trata de la primera vez que el alto tribunal abre investigación a un exjefe de Estado. Y porque, además, el mandatario en cuestión tiene la singularidad de seguir ejerciendo, ocho años después de abandonar el cargo, un liderazgo político inusualmente poderoso, que desata pasiones entre sus fieles y sus detractores. Lo primero que se impone en esta coyuntura es llamar a la serenidad y al respeto escrupuloso de las instituciones. No será una tarea sencilla, si nos atenemos al tono de los comentarios de uno y otro bando que surcan desde el martes por las redes sociales. Uribe ha renunciado a su curul, con los argumentos de que se siente “moralmente impedido” para ocuparla y de que necesita tranquilidad para defenderse. Sus opositores lo interpretan como una estrategia para sustraer el caso a la jurisdicción de la Corte y forzar su traslado a la Fiscalía, dando a entender que en esta institución el exmandatario encontrará un ambiente más amigable para su defensa. A su vez, desde el uribismo se lanza todo tipo de sospechas contra la Corte, sugiriendo que este tribunal hace el juego a una conspiración para acabar políticamente con el expresidente. Para desacreditar a la Corte, se remiten incluso al escándalo del ‘cartel de la toga’, cuando dicha mafia judicial beneficiaba a políticos corruptos o procesados por parapolítica, no a los sectores progresistas a los que pretenden dirigir sus dardos. Con sus insidias, ya sea contra la Corte o contra la Fiscalía, ambos bandos lo que hacen es minar el ya de por sí frágil andamiaje democrático del país. Dejemos actuar a las instituciones. La Corte deberá decidir si mantiene o no la competencia sobre el expediente de Uribe. En concreto, si es aplicable en su caso la jurisprudencia que, en determinadas circunstancias, le permite al alto tribunal seguir investigando a un congresista después de que haya renunciado a su curul. Jurisprudencia establecida en 2009 ante el aluvión de congresistas que recurrían a esa argucia jurídica para esquivar a la Corte. Si no está de acuerdo con la decisión, Uribe, que como todo ciudadano debe tener plenamente garantizados sus derechos a un proceso justo, podrá plantear un conflicto de competencias. Pero, más allá de si Uribe tiene responsabilidades en este caso, o si se trata de un complot en su contra –como sostienen los suyos–. Lo que está saliendo a la luz en este asunto produce repugnancia. Estamos asistiendo a unas tramas siniestras, criminales, que no deberían tener cabida en nuestro país.

Más allá de si Uribe es responsable en este caso, o si se trata de un complot en su contra –como sostienen los suyos–, lo que está saliendo a la luz produce repugnancia. Estamos asistiendo a unas tramas siniestras que no deberían tener cabida en nuestro país.