Derecho al buen vivir

En la Constitución Política de Perú está consagrado el derecho fundamental al buen vivir, (Sumak Kawsay en lengua quechua), como el balance armónico entre la persona, la sociedad y la naturaleza como parte del legado conceptual y vital de pueblos andinos originarios. Es un concepto totalmente alejado del “buena vida” de los occidentales, donde unos tienen que vivir mal para que unos pocos vivan bien, es por el contrario un modelo que propone una mejor forma de vida para todos, teniendo la naturaleza, el agua, la cultura, la educación y la vivienda como pilares fundamentales. En este mismo sentido en la Constitución ecuatoriana de 2008 se reconoce la madre tierra (La pacha mama) como objeto de derecho, por lo que se faculta a cualquier persona natural o jurídica para exigir ante las autoridades el respeto por su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En igual forma se incentiva a quienes protejan la naturaleza y promuevan el respeto a todos los elementos que conformen un ecosistema.

Es interesante resaltar que países del Tercer Mundo hayan tomado la iniciativa en temas tan transcendentales y hayan constitucionalizado los deberes y derechos que tenemos ante algo tan importante como el medio donde vivimos y que desafortunadamente parece un tema secundario entre nosotros, partiendo de la poca disponibilidad presupuestal e interés político que despierta el ministerio encargado de estas funciones. La tala indiscriminada de bosques, la contaminación de las fuentes hídricas, la minería ilegal, la polución industrial, la contaminación sonora y muchas acciones más, son hechos palpables y cotidianos que dañan el ambiente para mal de las generaciones presentes y futuras y que requieren para evitarlos la inclusión en la Carta Magna de mandatos de optimización que generen conciencia ecológica permanente en todos los ciudadanos. Dichos mandatos deben ser promulgados y respetados en todas las regiones con los recursos y conocimientos suficientes para poder hacer realidad el nuevo derecho fundamental al buen vivir, que se abre camino rápidamente en el siglo XXI.

Samuel Muñoz Muñoz