La ‘línea’ de la polémica
Santos tiene listo un decreto que sextuplica los “espacios sagrados” de las comunidades indígenas de la Sierra. Gremios y gobernadores costeños están inquietos por su alcance. ¿Debe firmarse o aplazarse?
El presidente Santos prevé firmar esta semana un decreto que, previsiblemente, desatará una fuerte polémica por el material delicado que regula. Nos referimos a la denominada ‘Línea Negra’, la zona especial de protección de cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra.
El decreto en cuestión redefine –y casi sextuplica, de 54 a 348– los “espacios sagrados” que se reconocen a los koguis, wiwas, arhuanos y kankuamos para que desarrollen su cultura ancestral.
La iniciativa ha puesto en alerta a las asociaciones económicas más importantes del país, como el Consejo Gremial Nacional y la Confederación de Cámaras de Comercio, que han aconsejado a Santos dejar esa decisión al próximo Gobierno, con el fin de que pueda ser discutida con más serenidad. Los gobernadores costeños también han expresado su inquietud por los efectos que pueda tener el decreto para el desarrollo económico de la región, en particular los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira. Lo que está en discusión son dos maneras de entender el mundo: una representada por las poblaciones indígenas, que invoca valores ancestrales y cosmogonías estrechamente ligadas a la naturaleza, y otra simbolizada por quienes –con mayor o menor conciencia ambiental– defienden un modelo de desarrollo industrial como motor de avance social. El presidente ha intentando apaciguar a gremios y gobernadores asegurando que del decreto fue suprimida “cualquier insinuación” de que se les otorga “autoridad ambiental a los indígenas”. Y el ministro de Minas ha recalcado que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y que no es “oportuno¨ que los indígenas tengan “facultades para limitar su aprovechamiento”.
Pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia T-849 de 2014) confiere a las comunidades que habitan esos territorios derechos a la autodeterminación y –muy importante– a la consulta previa ante el desarrollo de proyectos en la zona.
Una de las tareas más complejas de un gobernante es conciliar los intereses de los diferentes colectivos de la población. En el caso que nos ocupa, de las comunidades indígenas y de quienes consideran que el poder de decisión de estas sobre el uso de los recursos de la Sierra debería replantearse o tener un alcance más limitado.
El conjunto de los ciudadanos esperaría que la política resultante garantice un equilibro inteligente entre el desarrollo económico y el medio ambiente, de modo que leguemos un país productivo y, a la vez, sostenible a las futuras generaciones. Si existen dudas de que el decreto cumple con claridad ese objetivo, mejor será para todos que se engavete. Y que tan delicado tema se debata después con más amplitud y el siempre aconsejable sosiego.
Santos asegura que el nuevo decreto no otorga autoridad ambiental a los indígenas. Pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional les confiere derechos a la consulta previa en los espacios ancestrales.