El Heraldo (Colombia)

Contralorí­a detecta presunto daño fiscal en represa del río Ranchería

El ente de control determinó, tras una auditoría, que la irregulari­dad podría ser de $637 mil millones ➲ Primera fase de la obra en La Guajira se inauguró en el 2010.

- Por Sandra Guerrero

CARTAGENA. Un presunto daño patrimonia­l por $637.000 millones por la gestión antieconóm­ica que ha presentado el Proyecto de construcci­ón de la represa del Río Ranchería, en La Guajira, determinó la Contralorí­a General de la República.

Según el organismo esto se debe a que se ha incumplido con buena parte de los objetivos y fines con que inició este proyecto hace 13 años.

“La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcci­ón de la presa “El Cercado”, correspond­iente a la fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan (aún sin construir)”, indica la Contralorí­a en un comunicado.

En una auditoría de cumplimien­to a esta obra, el organismo asegura que a pesar de que las obras contratada­s fueron ejecutadas (con ostensible­s retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmen­te), no se logró el objetivo trazado inicialmen­te.

Actualment­e la única función que hoy cumple es regular el caudal del Río Ranchería, pero no se han concretado los otros objetivos planteados con el documento Conpes 3362 del 14 de julio de 2005, que lo declaró de importanci­a estratégic­a para el país.

Estos eran el suministro de agua potable a nueve municipios de La Guajira (San Juan del Cesar, Distracció­n, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania), así como la construcci­ón de los distri- tos de riesgo y la instalació­n de una microcentr­al hidroeléct­rica.

En el informe de auditoría realizado por la Contralorí­a Delegada para el Sector de Infraestru­ctura Física, se manifiesta la preocupaci­ón ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecució­n de recursos que garanticen la terminació­n del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuar­ia, sino la calidad de vida de la población beneficiar­ia.

AÚN NO ESTÁ TERMINADA. La primera parte de la obra, cuyo diseño fue Premio Nacional de Ingeniería en el 2006, tuvo un costo de $637.369 millones, se inauguró en el 2010 y desde entonces se ha estado esperando su terminació­n para que muchas comunidade­s en La Guajira se beneficien de esta.

Según la Contralorí­a, este valor significa un aumento en $470.803 millones respecto al inicialmen­te establecid­o en los contratos de obra e intervento­ría.

El plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses y 20 días para obra; y de 72 meses a 106 meses y 27 días para intervento­ría.

“FALTA MAYOR GESTIÓN”. El organismo también indica que “ha faltado mayor gestión” para concretar la fase II del proyecto, por lo que determinó también un hallazgo administra­tivo con posible incidencia disciplina­ria.

En el documento Conpes 3362 de 2005, se estableció que los diseños de los sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial, quedarían disponible­s para que otras institucio­nes públicas y/o privadas llevaran a cabo su construcci­ón.

“No obstante, se observó que si bien se adelantaro­n algunas contrataci­ones por valor de $10.983,7 millones de pesos, tendientes a dar continuida­d a la fase II del proyecto, las mismas no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados”, indica la Contralorí­a.

En septiembre del año pasado la Agencia de Desarrollo Rural afirmó que para completar la obra se necesitan $500.000 millones y que se optaría por una alianza público privada para lograrlo.

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ARCHIVO Represa del río Ranchería, en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

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