La prensa, afuera
Pese a la indudable trascendencia del caso de Aida Merlano, un juez impidió a los periodistas estar presentes en la audiencia de imputación de cargos contra siete representantes de la política involucrados.
El caso de Aida Merlano no es un caso cualquiera. Se trata del proceso por compra de votos que más lejos ha llegado en las instancias judiciales en la historia del país. Su investigación ha sacado a la luz valiosos detalles sobre la mecánica de la corrupción electoral que ha acompañado durante mucho tiempo a la política colombiana. Pese a la indudable trascendencia del caso, el juez Ricardo Méndez, que presidió el lunes en Barranquilla la audiencia de imputación de cargos contra siete representantes de la política local involucrados en el proceso, ordenó a los periodistas abandonar el recinto donde se desarrollaba la sesión.
No justificó su determinación, pero, al ser consultado al final de la audiencia por el periodista de EL HERALDO, ofreció dos explicaciones: que no quería salir en los medios por seguridad, dada su calidad de juez especializado en la lucha contra las bacrim, y que los periodistas estaban haciendo “desorden”. Según la ley 906 de 2004, las audiencias procesales son públicas, salvo cuando el juez considere que concurren circunstancias excepcionales para determinar lo contrario. La normativa permite restringir el acceso de público cuando el togado crea que la publicidad del procedimiento pone en peligro a alguna de las partes involucradas en el proceso; cuando se exponga a daños psicológicos a menores de edad; cuando se vulnere el derecho del acusado a un juicio justo, o cuando se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Somos conscientes de los riesgos que entraña ser juez especializado en bacrim, y admiramos la dedicación de estos servidores públicos, pero en el caso que nos ocupa no se termina de entender el argumento de la seguridad esgrimido por el juez, ya que este solo aplicó la restricción a los periodistas. El resto de los asistentes permaneció en la sala, pese a que hoy cualquiera puede tomar fotos desde un celular. Lo que suelen hacer otros togados en iguales condiciones es solicitar –a todos los asistentes– que no tomen imágenes durante la sesión, en lugar de obstaculizar la labor de los informadores. En cuanto al supuesto desorden de los reporteros, lo apropiado en estas situaciones es expulsar de la sala a los alborotadores, en vez de aplicar el poco aleccionador principio de que paguen justos por pecadores. Como ya lo hemos señalado en anteriores editoriales sobre las reiterativas restricciones a la audiencias públicas, nos preocupa que se impida la presencia de la prensa para escuchar de primera mano las argumentaciones y dar una información libre, sin intermediarios interesados, a los lectores. Las organizaciones judiciales están en mora de establecer mecanismos que así lo garanticen, en beneficio no solo de la opinión pública, sino de la propia democracia.
Nos preocupa que se impida a la prensa estar presente en las audiencias para dar una información libre, sin intermediarios interesados, a los lectores.