¡Hacinamiento penitenciario!

A la luz de la realidad fáctica que está precisada y divulgada ampliamente por los medios de comunicación, hay suficientes elementos de juicio que permiten con certeza sin lugar a dudas definir la multitud carcelaria en Colombia.

Según datos oficiales la población carcelaria en Colombia, actualmente está considerada en 150.000 reclusos, que según estadísticas del Inpec “aumentó el 300%, los cuales se encuentran albergados en 142 cárceles, demostrado desde hace tiempo el colapso del sistema penitenciario, por falta de una política carcelaria, fundamentada en el crecimiento poblacional y el incremento de los índices delincuenciales por falta de una política criminal”.

Evidentemente las cárceles colombianas y/o centros de rehabilitación –como los hacen llamar los gobiernos de turno– están convertidos en establecimientos de formación delincuencial sin que se disponga de una política carcelaria que pueda atender las necesidades que genera el alojamiento de miles de delincuentes. La gran mayoría habituales, que no tienen otro medio lícito para ganarse la vida por falta de una política de generación de empleo.

Esta crisis penitenciaria está constituida así: 150.000 reclusos que habitan en 142 centros de reclusión, 50.000 en reclusión transitoria, que sobrepasan la capacidad de alojamiento de los mismos. Todo lo anterior pasa sin que los gobiernos de turno hagan nada para darle solución definitiva a la problemática. Según el fiscal general de Nación, Néstor Humberto Martínez, hace 15 años no se construye una cárcel para albergar a los 100.000 que están con brazalete de seguridad no solo en casa por cárcel, sino en la ciudad. Los delincuentes del país sin control alguno del Inpec, ejerciendo lo que saben hacer: delinquir, que muchas veces en redadas policiales se han capturado con el dispositivo electrónico en flagrancia y/o cuasi flagrancia, como autores intelectuales y materiales de todo tipo de crímenes.

Ciertamente que esta crisis humanitaria que se vive en las cárceles colombinas por falta de estructuras carcelarias para aumentar los cupos de los internos, prende las alarmas tempranas, constituyendo una bomba de tiempo muy próxima a estallar, convirtiendo estos escenarios en amotinamiento de delincuentes, cuya solución temporal del gobierno es trasladar reclusos entre las 142 penitenciarías que están súper atiborradas, en espera de la construcción de una megacárcel, como también legislar para conceder libertades.

Elementalmente se puede concluir, que se hace necesario que el gobierno habilite la cárcel de alta seguridad ubicada en la isla Gorgona que sirvió para recluir a cientos de criminales condenados de alta peligrosidad, que hoy está convertida por parte del gobierno en un parque natural turístico, mientras la embestida delincuencial acecha a la ciudadanía todos los días sin ninguna actividad represiva de la fuerza pública y la magnanimidad de las leyes.

Mientras este flagelo delincuencial que se encuentra en recreo y al acecho las 24 horas continuas contra la ciudadanía, que está indignada, con pánico y miedo por la total indiferencia de las autoridades que por mandato constitucional están instituidas para garantizar la vida, honra y bienes, estaremos conviviendo con ella, perdiendo el derecho a la locomoción, que nos obliga a salir de la residencia bien sea a los establecimientos de educación y trabajo, permitiendo la vulneración de los derechos humanos. Jorge Orlando Salazar S.