Motocarro y bicitaxi: el debate por la legalidad
La decisión del Ministerio de Transporte de establecer las bases para regular estos vehículos encontró voces a favor y en contra por los costos que implica la legalización.
Desde que el Ministerio de Transporte Nacional publicó el pasado 30 de julio el proyecto de la resolución que busca legalizar el servicio de motocarrismo en Colombia, se generaron opiniones a favor y en contra de la medida, proveniente de los usuarios y representantes del transporte público.
Lo mismo aconteció la semana pasada, luego de que la entidad gubernamental expidiera la resolución 03256 del 3 de agosto, en el que se reglamenta y se autoriza la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en “triciclos no motorizados con pedaleo asistido”, para que asistan a la alimentación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo.
El primer caso, el cual analizan los entes territoriales teniendo la potestad de aplicarlo o no, es socializado a través de un borrador hasta este martes 14 de julio, tiene la intención de que estos vehículos apoyen a la movilización de la ciudadanía en el primer y último trayecto, cuando se encuentre conveniente.
Mientras que, en el segundo caso, el uso de este tipo de transporte deberá ser implementado por los entes territoriales, tras realizar un estudio de estructuración técnica que determinará si es necesario darle luz verde a la circulación de estos medios.
Esta resolución da detalles sobre la circulación permitida de los bicitaxis en áreas específicas que comprenden: zonas de primera y última milla de los Sistemas de Transporte, zonas “específicamente delimitadas” dentro de la jurisdicción de un municipio, Distrito o área metropolitana en las que existan “condiciones especiales”, y zonas donde se desarrollen actividades turísticas o que formen parte del patrimonio cultural municipal.
A este análisis, que deben hacer las autoridades de transporte de cada ente territorial, se suma el debate que se ha suscitado por el impacto sobre el transporte formal y los costos que implica la legalización de este tipo de vehículos.
A FAVOR Y EN CONTRA. De acuerdo con el Área Metropolitana de Barranquilla, no se tienen registros del número de triciclos que se movilizan en este sector de la Región. Mientras que en Soledad, el Instituto Municipal de Tránsito indica que, de 100.000 motocarros que hay en el país, 6.000 están en este municipio regulados más no legalizados en 12 cooperativas.
Uno de ellos, cuya carrocería es de color naranja, es conducido por Henry Coronel Quintero, quien dejó de atender la tienda en la que había estado durante nueve años, por “mejorar su calidad de vida”, la cual encontró conduciendo este vehículo, según cuenta.
Agrega que una carrera mínima en este automotor, el cual cuenta con una cabina para tres personas en la parte trasera conexa con mitad de una moto, cuesta $1.500, mientras que de mayor valor está por los $6.000 en una distancia entre el centro comercial Plaza del Sol y el barrio Los Almendros.
Y ante el anuncio de Mintransporte de analizar la posibilidad de legalizar este servicio de transporte, el conductor de 28 años admitió que “está bueno porque así uno trabaja legalmente”. “Ya no conduciré con el temor de que me van a decomisar el motocarro por ir en ciertas vías indebidas”, dice Coronel Quintero, mientras espera pasajeros en la Plaza municipal.
Sin embargo, su colega Harlin Torreblanca sí se opone a que legalicen el motocarrismo, ya que le generará más costos por cobros de impuestos y de seguros que superan los $500.000, al menos por el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
Al legalizarlo, sostiene, se convierte en un transporte público, por lo que se tendría que pagar tres seguros: el actual, el contractual y el Soat.
José Sandoval, quien habita en Sabanalarga, tampoco está de acuerdo con la medida, porque no son seguros para los pasajeros.
“Yo prefiero el bus cuando tengo que hacer distancias largas. Sería por necesidad extrema que me transporte en eso. La seguridad personal es lo más importante y en el bus es en lo único que me siento seguro”, indica el sabanalarguero.
Por su parte, el bicitaxista Johnny Camargo sostiene que “es una buena idea, porque así podemos mantener nuestro trabajo”.
NO LO APRUEBAN. Para el presidente de Analtra, Geovanny Ramos, la legalización de estos medios significa una carga para los sistemas de transporte. “Estas medidas no son las adecuadas, teniendo en cuenta que se está renovando la flota en la ciudad. Según la resolución, los motocarros y bicitaxis le van a llevar pasajeros al Sistema de Transporte Masivo, pero no veo qué tanto pueden aportar si solo tienen cupo para tres personas”, dice.
Por lo anterior, el dirigente señala que, por el contrario a lo que se plantea, va a generar dificultades a las arcas económicas de los medios de transporte formales. “Los sistemas de transporte integrado se encuentran en problemas financieros y ahora se le va a sumar un costo mayor en estos momentos”, explica.
El presidente de Conaltaxis, Álvaro Forero, indica que en las ciudades con alto índice poblacional no se pueden tener en cuenta a los motocarros como servicio público de transporte.
En su concepto, el motocarro “cala” en ciudades pequeñas, porque la población a nivel mundial está creciendo y el Estado está obligado a garantizar la movilidad y la forma de transportarse del ciudadano, pero en poblaciones de 300 mil habitantes hay que buscar otros métodos más seguros.
Asimismo, sostiene que, aunque no está de acuerdo con la legalización, esta medida no afectaría al gremio de taxistas, porque el pasajero que utilizará el motocarro o bicitaxi es usuario del colectivo urbano o masivo, pero el cliente del taxi es una persona que necesita ser transportada de urgencia al momento de cumplir con sus compromisos, afirma Forero.
El director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), Jaime Berdugo, recalca que la posición que tome la entidad con respecto a este caso será producto de una reunión entre los representantes de los medios de transporte formalizados miembros del AMB.
La decisión final, según Berdugo, será producto de un consenso entre las alcaldías que integran el AMB y el gremio de transporte formalmente constituido, de tal manera que lo que se exprese sea coherente con las acciones que vienen trabajando en conjunto para la modernización del transporte.
HENRY CORONEL Motocarrista “La medida le permite a uno trabajar legalmente”.
HARLIN TORREBLANCA Motocarrista
“No me conviene, tendré que pagar más”.