En Atlántico y Bolívar hay dos casos

De la Costa aparecen dos casos en el ranquin de los 20 procesos activos más costosos: en el puesto número 17 figura una demanda por $340 mil millones en un despacho sin secciones del Tribunal Administrativo de Atlántico, desde el 18 de junio de 2010, por privación injusta de la libertad.

Y en el renglón número 14 está una demanda por $855 mil millones en el despacho sin secciones del Tribunal Administrativo de Bolívar, desde el 31 de agosto de 2016, por motivo “sin causa registrada”. Los demandantes son Nicolás Puello Barragán y Andrea Barragán Blanco, y el magistrado ponente es José Fernández Osorio. La última actuación de este proceso se dio el 19 de julio pasado, cuando se daba traslado al Consejo de Estado por la apelación de los demandantes de una solicitud de nulidad interpuesta por la Fiscalía y fallada a favor por el tribunal. Puello, quien presentó una demanda de reparación directa contra la Fiscalía, la Policía, el Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, fue condenado en 2006 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena a una pena de 30 meses de prisión como autor penalmente responsable del delito de uso de documento público falso.

No obstante, los demandantes consideran que el juzgado profirió una sentencia constitutiva de vía de hecho y por ende violatoria del debido proceso, porque el juez ordenó la cancelación en el Registro de Instrumentos Públicos de la Escritura No. 68 de 1917, otorgado a favor de su bisabuela, actuación que consideran ilegal, ya que durante la investigación se demostraría la alteración de una copia del citado documento. Y agregan que están siendo víctimas de un perjuicio irremediable, pues serían poseedores de los actuales terrenos de su familiar.