Nociva informalidad

Hacer frente a la informalidad es uno de los mayores retos que enfrentan las administraciones de la Región Caribe. Todas las ciudades capitales se encuentran en esta materia por encima de la media nacional.

Una cosa es la información estadística, basada en números y cuadros actuariales, y otra es la percepción que se tiene sobre los temas que golpean a diario el bolsillo y la cotidianidad de los ciudadanos. Y, de manera particular, sobre la expectativa de vida de quienes llegarán a la edad de jubilación.

Así, mientras el Dane entrega de modo sistemático cifras positivas sobre la evolución del desempleo en la Región Caribe, la otra cara de la moneda muestra que la mayoría de los empleos son informales.

Tal como lo señalaba un informe de EL HERALDO en su edición de ayer, de los dos millones de ocupados que había en la Costa en el segundo trimestre, solo 800.000 tenían trabajos formales. El resto se encontraba en la informalidad, lo que implica, en la mayoría de los casos, una situación que impide hacer un proyecto estable de vida para la persona que lo ejerce y su familia. No hay que ser un experto para saber las implicaciones que tiene para una sociedad un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. No se trata solo, como se señalaba líneas atrás, del drama que puede significar en la vida cotidiana de cientos de miles de seres humanos, para quienes la mera subsistencia implica estar en un permanente estado de zozobra. También tiene consecuencias para el Estado (o, lo que es lo mismo, para el conjunto de la sociedad), por la sencilla razón de que una informalidad elevada, además de afectar al trabajador, significa menos recursos a las arcas públicas por concepto de impuestos y tributos. Y ello, a su vez, tiene consecuencias lógicas en cuanto al volumen de dinero destinado a la inversión pública.

La informalidad tiene también efectos negativos en la vida urbana, por cuanto muchas personas no encuentran otro modo de ganarse el sustento sino ocupando el espacio público (instalándose en parques, tomándose literalmente vías transitadas, etc.). Hacer frente a la informalidad es uno de los mayores retos que enfrentan las administraciones de la Región Caribe. Todas las ciudades capitales se encuentran en esta materia por encima de la media nacional. En Barranquilla (que es medida con Soledad, lo que sin duda crea distorsiones en el resultado), la informalidad alcanza el 58%. La llegada masiva de retornados de Venezuela, y de miles de ciudadanos de ese país que salieron huyendo de la miseria, ha acentuado, sin duda, un problema que viene de mucho tiempo atrás.

Gobernadores, alcaldes, empresarios, universidades... Entre todos deben buscar una salida a este serio problema, que, además de afectar a personas de carne y hueso, tiene consecuencias muy negativas para el desarrollo de la Región.

Una informalidad elevada, además de afectar al trabajador, significa menos recursos a las arcas públicas por concepto de impuestos y tributos. Y ello, a su vez, tiene consecuencias lógicas en cuanto al volumen de dinero destinado a la inversión pública.