Estas son las acreencias que el Distrito pagó en 16 años
De cuatro grupos definidos, se les dio prioridad a trabajadores y pensionados.
Desde diciembre de 2002, cuando el Distrito se acogió a la Ley 550, a la fecha han sido pagadas acreencias por $1,5 billones.
En diciembre de 2002 el Distrito de Barranquilla suscribió el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, ARP, con sus acreedores, desde entonces hasta el presente año fueron cancelados recursos por el orden de los $1,5 billones.
El Distrito pagó la totalidad de las acreencias y cumplió con la Ley 550, según certificó la Dirección de Apoyo Fiscal del Minhacienda, DAF.
Emelith Barraza, secretaria de Hacienda del Distrito, explicó que el acuerdo fue firmado con el fin de lograr medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto público y el fortalecimiento de los ingresos, comprometiéndose a cancelar obligaciones financieras por $633 mil millones en un plazo de 14 años.
Según Barraza, el ARP debió ser modificado en dos oportunidades: la primera en diciembre de 2004 y la segunda en diciembre de 2008, esto con el propósito de financiar el déficit de caja, el déficit presupuestal y la “alta acumulación de un pasivo corriente que no permitía cumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo”.
Detalla Barraza que a enero de 2008 se reportó una deuda total por $1.349.739 millones, de la cual $959.748 millones correspondían a deuda de la administración central y $389.991 millones en pasivos de entes descentralizados.
“Además de una alta acumulación de pasivos corrientes, había un Distrito judicializado, un enorme costo social, con imposibilidad de acceder a recursos de crédito y un marcado deterioro en los indicadores de bienestar”, indicó.
La funcionaria destacó que esa modificación de 2008 permitió cumplir con el pago de la deuda en el corto, mediano y largo plazo dependiendo de la prioridad de cada uno de los grupos. Fueron cuatro: el primero de lo cuales lo integran trabajadores y pensionados dada su vulnerabilidad; el segundo grupo entidades públicas y de seguridad social; el tercero entidades financieras y el cuarto grupo otros acreedores (ver recuadro).
También fueron incluidas cuentas en investigación administrativa y saldos por depurar, así como créditos litigiosos y contingencias judiciales.
Oswaldo Olave Amaya, PhD en Ciencias Políticas, dijo que al salir Barranquilla de la Ley 550 se libera de esta situación que “es bastante difícil” para cualquier entidad pública.
Dice que al culminar de pagar los pasivos eso significa que tiene una liberación y que puede manejar su presupuesto con criterio más efectivo y con ma- yor posibilidad de inversión en el ente territorial.
Explicó que el municipio vuelve a la normalidad financiera, pero ahora tiene una “mayor capacidad de maniobras en la inversión de sus finanzas, aunque corre el riesgo de ser embargado, pero eso depende del administrador público y el cumplimiento de los compromisos que se adquieran”, explicó.
Sobre esto Barraza respondió que para ‘blindar’ al Distrito lo más importante es el orden fiscal, el cual se mantiene siguiendo al pie de la letra la normatividad legal que existe como la Ley 358, la Ley 617 y la 819.
EMELITH BARRAZA Secretaria de Hacienda. “Desde el 2008 el propósito fue poner la casa en orden”.
OSWALDO OLAVE Docente. “Hay mayor posibilidad de inversión en la ciudad”.
INVERSIÓN SOCIAL. Barraza destacó que por el comportamiento de las finanzas la administración del alcalde Alejandro Char viene ejecutando obras de impacto social.
En ese orden de ideas han podido acceder a créditos para proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo como la construcción del Gran Malecón del Río, uno de los sitios más visitados del país, construcción y mejoramiento de escenarios deportivos, rehabilitación vial y mejoramiento urbano, construcción de parques, escuelas y hospitales, canalización de arroyos y la recuperación del Centro Histórico, entre otras obras.