Monstruosa realidad
Los delitos sexuales aumentaron en el país un 18,5% en el primer semestre del año (un 20% en la Costa) con respecto al mismo periodo del año anterior. La situación es alarmante y exige respuestas más contundentes.
Los datos que aportó el martes pasado el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, en relación con los delitos sexuales que se cometen en nuestra región no pueden ser más alarmantes.
Según el funcionario, estos delitos –que incluyen la trata de personas o la explotación sexual de menores– aumentaron en los primeros seis meses de este año un 20% con respecto al mismo periodo de 2017. El resto del país no va mucho mejor en la materia, si se tiene en cuenta que el aumento promedio fue del 18,5%. Valdés repasó algunos factores que contribuirían a que el incremento de tales delitos en la Costa sea mayor. Citó el desplazamiento de personas de ciudades del centro del país a nuestra región o la inmigración masiva de ciudadanos venezolanos, en cuyo marco hay quienes entran a formar parte de engranajes de explotación sexual, ya sea como promotores o como víctimas. La red de proxenetismo recientemente desarticulada por la Fiscalía en Cartagena es solo una muestra de las dimensiones de una monstruosa realidad que, como se aprecia por las estadísticas, no solo no da muestras de remitir, sino que se expande con el tiempo.
Los principales perjudicados por estas conductas delictivas son, ni más faltaba, las víctimas directas. Muchas de ellas personas desesperadas por su situación económica, que ven en la prostitución un camino para salir adelante. Y lo más grave, si cabe, es que muchas de esas víctimas son menores, como puso en evidencia el catálogo perverso que manejaba ‘La Madame’ para su clientela en La Heroica.
Por supuesto que los delitos sexuales no se circunscriben a los casos de redes de proxenetismo. También incluyen hechos en que una persona –por lo regular un varón– accede carnalmente a otra en cualquiera de las circunstancias tipificadas como delito por la ley. Cualquier esfuerzo para hacer frente a esta criminalidad es poco. Los delitos sexuales provocan daños psíquicos enormes, a menudo irreparables, a quienes los sufren, y el Estado está en la obligación afrontar este drama con todos los recursos posibles.
Más allá del viejo debate sobre si la prostitución debe ser o no legal (en Colombia lo es, según jurisprudencia del Constitucional), lo que no admite la menor discusión es que las autoridades deben perseguir sin miramientos al proxenetismo: a quienes explotan con fines sexuales a otros seres humanos y a quienes reclutan menores de edad para su turbio negocio. Y –sobra decirlo– también hay que combatir con más eficacia las violaciones y abusos sexuales que se cometen a lo largo y ancho del país. Esperamos, pues, mayores esfuerzos en la lucha contra el delito sexual. La situación exige mucha más contundencia.
Las autoridades deben perseguir sin miramientos al proxenetismo: a quienes explotan con fines sexuales a otros seres humanos y a quienes reclutan menores de edad para su turbio negocio.