Urge hablar con claridad
El III Congreso Empresarial de la Andi, que concluye hoy en Cartagena, sería un escenario idóneo para que el Gobierno, a través de los ministros de Hacienda o Minas, empezaran a disipar dudas sobre Electricaribe.
El Congreso de la Andi sería un escenario idóneo para que el Gobierno enviara algún mensaje tranquilizador sobre el futuro de Electricaribe. Un lío que el anterior Ejecutivo dejó sin resolver.
El caso de Electricaribe se ha convertido, utilizando la expresión popular, en un ‘chicharrón’ monumental, quizá el más grande al que se enfrenta en estos momentos la Región Caribe. La compañía, intervenida desde noviembre de 2016 por la Superintendencia de Servicios, lejos de salir del agujero en que se hallaba sumida bajo la gestión de la española Gas Natural Fenosa, se encuentra en un embrollo del que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a escapar, si es que lo hace alguna vez. El anterior Gobierno, que decidió (con fundamento) la intervención, se marchó sin dejar resuelto el problema. Unos días antes del relevo en la Casa de Nariño, puso precipitadamente en marcha el proceso de precalificación para un nuevo operador, en el que se incluían cláusulas cuanto menos llamativas.
Por ejemplo, la que obliga al futuro operador a hacerse cargo de los pasivos de la compañía. Con esta medida, que evidentemente restaría atractivo a la empresa ante un potencial comprador, el Estado se libraría de asumir su parte de responsabilidad en el pago de esas deudas. ¿Y qué sucedería si, pese a todo, surge un comprador? Sencillo: recurriría a las tarifas para cuadrar sus cuentas.
Con respecto a las tarifas hay que precisar un punto que ha generado mucha confusión estos días. El Gobierno de Duque no ha hablado (aún) sobre incrementos tarifarios. Estos ya están previstos por una resolución de la Creg de enero pasado, que abre la puerta a aumentos cuando la compañía prestadora presente mejoras sustanciales en el servicio. Una resolución que, aunque de aplicación general, parece hecha a medida por el Estado central para sacudirse el lío de Electricaribe. De modo que tenemos hoy el siguiente cuadro: un proceso abierto para encontrar nuevo operador, que el Gobierno de Duque ha anunciado que procederá a “revisar”; una perspectiva de incremento tarifario aprobado bajo el mandato Santos, y –muy importante– unas garantías por 1,4 billones de pesos aprobados por el anterior Ejecutivo en tres Conpes sucesivos y de los que Bogotá no ha desembolsado ni un centavo.
Ante este escenario endiablado, el actual Gobierno debe decir algo. Entendemos que se acaba de posesionar, y que el tema es de enorme complejidad como para despacharlo con ligereza, pero los costeños están esperando algún mensaje que los invite al sosiego. Y que sea distinto al que ha empezado a abrirse paso en los corrillos, de que al final pagarán los platos rotos los de siempre: los usuarios.
El III Congreso Empresarial de la Andi, que concluye hoy en Cartagena, sería un escenario idóneo para que el Ejecutivo, a través de los ministros de Hacienda o de Minas y Energía, empezaran a disipar dudas.
Los costeños esperamos un mensaje del Gobierno que invite al sosiego. Y que sea distinto al que ha empezado a abrirse paso en los corrillos, de que al final pagarán los platos rotos los de siempre: los usuarios.