Lo regresivo
La idea planteada por el nuevo gobierno de retomar las aspersiones de glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos, supone un retroceso en la política de lucha contra el narcotráfico en Colombia y debe ser analizada a la luz de las experiencias previas que hemos tenido en el país con el uso de este químico. El herbicida –que ha sido reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud– se ha utilizado en Colombia para disminuir los cultivos de coca, marihuana y amapola, generando daños sanitarios, ecológicos y sociales. Un porcentaje alto de estos cultivos se encuentra en reservas naturales y parques nacionales que tienen especial protección ambiental y en los cuales viven comunidades étnicas que tienen una relación estrecha con la tierra debido a su cultura y cosmovisión.
Es cierto que los cultivos ilícitos han aumentado en el país y que esta realidad es innegable, sin embargo, está claro que el glifosato no es la solución y que puede generar daños en la salud de los campesinos y de las comunidades étnicas que habitan las zonas que podrían llegar a ser fumigadas nuevamente. Se ha sostenido por parte del gobierno que se van a respetar las condiciones planteadas por la Corte Constitucional en lo relativo al uso de este herbicida, no obstante, está claro que aun diseñando un protocolo que permita el cumplimiento de lo sostenido por el tribunal, lo cierto es que las contraindicaciones del glifosato seguirán teniendo efectos sobre la salud y la naturaleza.
Ahora, lo cierto es que antes de adoptar una medida como lo es fumigar con glifosato, se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas y tribales, en los términos de la consulta previa como un derecho fundamental de los grupos étnicos a participar en las decisiones que afecten sus territorios. Asimismo, es necesario reflexionar sobre el principio de precaución ambiental y sobre la necesidad de entender que el medio ambiente debe tener la protección idónea para que este tipo de políticas no sean implementadas en contra de los principios y derechos de la Constitución Ecológica. Colombia tiene el compromiso de combatir el narcotráfico, pero también tiene obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos que se traducen en derechos que el Estado debe respetar y garantizar, como lo es la vida digna, la salud y el medio ambiente. Al final, cualquier política pública que se formule e implemente para eliminar los cultivos ilícitos no puede ser regresiva en términos de protección ambiental y derechos de las comunidades.