Gobierno nacional no apoyará la creación de una ‘supercorte’
El Centro Democrático radicó ante el Congreso proyecto para eliminar la Corte Suprema y el Consejo de Estado y que asignaría sus funciones a otros tribunales.
BOGOTÁ. Porque no apoyan el tema de unificación de Cortes, el Gobierno nacional no apoyará el proyecto de acto legislativo de los senadores Paloma Valencia y álvaro Uribe Vélez, miembros del partido Centro Democrático, a través del cual se realiza una reforma a la justicia.
“La senadora pone sobre la mesa esa propuesta, pero el Gobierno no la acompañará. El tema se discutió y la senadora aclaró que no se trata de un punto de honor, el punto de honor es lograr la seguridad jurídica así que por eso se está trabajando en ese tema, así haya multiplicidad de cortes”, señaló la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
La funcionaria contó que se trabajará para que haya más seguridad jurídica. “Tiene que ir la modificación de los órganos de gobierno de administración de la rama, las funciones electorales, el aumento de requisitos para ingresar a las altas cortes y otros temas fundamentales”, anotó.
La propuesta eliminaría la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y les asignaría sus funciones a otros tribunales. Así mismo, el proyecto pretende crear un tribunal supremo constitucional, que sería el encargado de revisar los problemas sustanciales y no de forma en los diferentes casos.
“Es una reforma que recoge muchos de los temas de lo que habíamos radicado hace cuatro años como la unificación de las cortes sobre la base del fortalecimiento de la primera instancia, donde solo habrá dos instancias en la jurisdicción colombiana y un tribunal constitucional”, señaló la senadora Paloma Valencia, quien radicó el proyecto.
Este tribunal supremo también se encargará de unificar las jurisprudencias para que el sistema judicial tenga precedentes de casos iguales, para que puedan ser juzgados con los mismos alcances. Esta jurisprudencia se crearía después de tres sentencias iguales.
En cuanto a los fueros de los congresistas y magistrados, la senadora sostuvo que sería la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar las investigaciones a estos funcionarios públicos. Posteriormente, serían los jueces del circuito los que tomen las decisiones necesarias alrededor de dichas investigaciones.
En cuanto a ese punto, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, alertó de un supuesto ‘mico’ porque la iniciativa también contiene disposiciones que pueden impedir que se sigan adelantando investigaciones contra congresistas por casos como la parapolítica.
“Es peligroso porque fomenta la impunidad. No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas para que ellos tomaran la decisión de si podían ser investigados”, dice.
Por su parte, Paloma Valencia salió en defensa y dijo que se trata de hacer es volver a lo que había antes de la Constitución del 91, donde “los congresistas y los magistrados eran juzgados como cual- quier ciudadano por los jueces, pero para hacer eso, no se puede dejar que todos los jueces manden órdenes de captura, porque imagínese en lo que terminaríamos”, dijo la senadora.