La salud va en ambulancia
Aunque usted no lo crea, el modelo de salud de Colombia es uno de los mejores del mundo. La distinción en la prestación y una financiación cruzada que garantiza la sostenibilidad de todo el sistema y la casi cobertura universal, ha inspirado, inclusive, a otros estados a emularlo.
¿Por qué, entonces, los colombianos deben presentar 70 tutelas cada hora para reclamar atención?
Por razones que el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal Ángel, ha venido repitiendo en su recorrido por el país: abusos en toda la cadena, integración vertical disfrazada, cartelización en la oferta, excesos en intermediación, sobreprecios en medicamentos e insumos.
Artistizabal debió ser el ministro de Salud del gobierno del presidente Iván Duque (fue el ideólogo de la propuesta programática de la campaña y coordinador del empalme sectorial).
Hoy sabemos las razones de Duque para ponerlo donde está.
Con más de 25 años de experiencia, había sido secretario de salud, gerente hospitalario, director de aseguradoras, corredor de seguros y asesor legislativo, lo que le permitía una visión holística no solo del sector sino de la crisis. Nadie le podía echar cuentos.
Hoy le creemos cuando advierte que el problema no está en la obvia rentabilidad económica que procuran los agentes privados. Claro que deben ganar plata, pero no sobreponer el afán de lucro, en algunos casos excesivo, al derecho que tienen los ciudadanos.
El problema tampoco está solo en las EPS, si bien son las que emergen a simple vista. En el foco de la Superintendencia están cada uno de los sectores que agrupan a 48.000 vigilados en todo el país, entre los que figuran personas jurídicas y naturales, y claro, prestadores, empresas de medicina prepagada, generadores de recursos de los monopolios de licores, administradoras de riesgos laborales.
No es menos importante el fortín de políticos inescrupulosos que han convertido a clínicas y hospitales públicos en parte de sus haciendas y apropiado de los giros del sistema para alimentar sus inmensas fortunas personales.
Como se ve, el fenómeno tiene varias causas y responsables.
Lo que Aristizabal ha propuesto, primero, es que esos actores sinceren su cuota de culpabilidad, pues la están evadiendo deliberadamente en medio de la atmósfera caótica del sector.
Lo segundo, que le den más dientes para actuar, con mayor poder sancionatorio para la inspección, vigilancia y control que ejerce, así como facultades para remover del cargo a personas naturales o representantes legales y ordenar el cierre parcial o definitivo de entidades o unidades de servicio.
Ojalá que el Congreso no tarde en aprobarlo. Y que no se amedrante frente a las retaliaciones que no demoran en aparecer, pues estamos en presencia de un desangre sistemático de la salud, a partir de una tenebrosa cadena delincuencial que –no lo dudemos– tiene comportamiento similares a los de una mafia.