ONU cuestiona tratamiento especial para militares en la JEP
El ente multilateral dice que “el tratamiento diferenciado establecido para los miembros de la Fuerza Pública restringe indebidamente el acceso a la protección judicial efectiva”.
BOGOTÁ. Un concepto de la ONU ante la Corte Constitucional lanza duras críticas a los apartes de la Ley 1922 de 2018 en que se dispone una sala especial en la Justicia Especial para la Paz (JEP) con el fin de adelantar el juzgamiento de los militares implicados en delitos en el marco del conflicto armado.
El alto tribunal estudia una demanda contra la Ley de Procedimiento de la JEP aprobada en junio pasado por el Congreso de la República, y en medio de la cual el Centro Democrático propuso un tratamiento especial para los uniformados en el sistema de justicia transicional producto del acuerdo de paz con las Farc.
Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia de las Naciones Unidas y quien suscribe el concepto, advierte que algunas de las disposiciones contenidas en la ley “pueden limitar la capacidad de la JEP para generar el esclarecimiento judicial de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario” y añade que la creación de esta sala “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.
Advierte el documento que este tratamiento tiene un fin “contrario a las obligaciones que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH”.
“El tratamiento diferenciado que se ha establecido para los miembros de la Fuerza Pública restringe indebidamente el acceso a la protección judicial efectiva y crea un trato discriminatorio y desigual no justificado, que no es razonable a la luz de las obligaciones internacionales del Estado”, se lee.
Las Naciones Unidas critican concretamente el artículo 75 de la ley, que establece que la fuerza pública tendrá un procedimiento especial y diferenciado y que el Legislativo reglamentará en un plazo de 18 meses. De hecho, el uribismo presentó hace 15 días el proyecto de ley que reglamenta dicha sala especial.
Al respecto, Brunori señala que esta medida “paraliza el trámite de los casos que involucran a los miembros de las Fuerzas Armadas” hasta que se apruebe esa nueva ley y “supedita el avance del proceso contra miembros de las Fuerzas Armadas a que los presuntos responsables lo consideren conveniente”.
El concepto pone de presente además que la iniciativa pone los derechos de las víctimas en un estado de “protección insubstancial”, debido a que les permite a los militares “sustraerse del procedimiento ordinario de la JEP”.
RECHAZA INTROMISIÓN DE LA FISCALÍA. Por su parte, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, rechazó enérgicamente la diligencia judicial que adelantó la Fiscalía General de la Nación en la sede del tribunal especial sobre uno de los procesos, el 001 de la JEP, que se adelanta por el delito de secuestro en contra de los excombatientes de las Farc.
“Infortunadamente, la inspección judicial se llevó a cabo el día de hoy y la Fiscalía obtuvo la copia digital del expediente, en razón de la forma intempestiva como se llevó a cabo la diligencia en la Secretaría Judicial de la JEP”, anunció el tribunal.