OPINIÓN Triple Afrenta
El autor, presidente del Intergremial, critica la decisión de la Fiscalía de embargar las acciones de Inassa en Triple A.
Ateniéndonos a lo conocido a través de los medios, hace más de un año la propietaria de Inassa S.A., la empresa estatal española Canal Isabel II, puso en conocimiento de las autoridades colombianas presuntos malos manejos de personas vinculadas a dicha empresa, relacionados con negociación de acciones de empresas filiales en América Latina, incluyendo posiblemente la Triple A, de Barranquilla. Sin embargo, en el comunicado de prensa de este 4 de octubre, la Fiscalía General informa que adelanta investigaciones penales por cuanto, según ella, mediante el desvío de dineros se buscaba beneficiar económicamente a la sociedad Canal Extensia S.A., que hace parte del grupo Canal Isabel II. Así, ipso facto e irónicamente la sociedad denunciante pasa a ser investigada.
La razón de un posible detrimento económico de la Triple A lo atribuye la Fiscalía a un contrato de asistencia técnica suscrito con Inassa que, según había denunciado anteriormente la Procuraduría, supuestamente no se habría honrado nunca. Contrato que fue una prolongación del que tenía la sociedad Aguas de Barcelona y que, en su momento, fue requisito de la contratante para usufructuar la idoneidad del Operador del servicio de Agua, Alcantarillado y Aseo de la ciudad. Cualquier ingeniero que haya participado en ese tipo de contratos sabe que hay innumerables formas en que esa transferencia técnica se da: jefes que enseñan, comités de trabajo, viajes de ingenieros y técnicos de la casa matriz a la filial y viceversa, cursos, conferencias, talleres, manuales, sistemas de información y de gestión, etc., etc. También sabe que esas enseñanzas típicamente no se consignan en una bitácora como los entes de control pretenden exigir a posteriori. Claro que a medida que su objeto se cumple, su necesidad e importancia disminuye. Pero por sus resultados lo conoceréis: en la región Caribe hay casi 200 municipios, solo en una veintena de ellos dichos servicios funcionan de manera satisfactoria, 15 de los cuales son manejados por la Triple A en el departamento del Atlántico, líder en calidad y cobertura en el país. Liderazgo ahora en alto riesgo.
Como si fuera poco, las supuestas conductas penales, necesariamente individuales, por apropiarse o permitir que otros se apropiaran de dineros de esas empresas deberían conducir a las sanciones personales del caso, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por las personas jurídicas afectadas. Pero no, paso seguido se procede a informar que se ha ordenado el embargo y secuestro de las acciones de Inassa SA en la Sociedad Triple A y su entrega a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que conjuntamente con el Distrito van a convocar una asamblea de nuevos accionistas; es decir, la toma de posesión de la empresa por parte del estado colombiano y a la vista de la opinión una expropiación, sometiendo una empresa de un Estado amigo a una legislación contra el enriquecimiento ilícito de narcotraficantes. ¡Apabullante e inoportuna torpeza!