Derecho a la educación
La educación aporta a la transformación social, no perpetúa las desigualdades existentes. Al contrario, contribuye a un mundo más justo, equitativo y sostenible. El pasado 10 de octubre, los jóvenes colombianos levantaron su voz y marcharon por la educación pública, de calidad y gratuita. Miles de jóvenes, de todas las regiones del país, recordaron que la educación no es un lujo sino un derecho fundamental.
“La educación es la principal herramienta para lograr que las personas puedan salir de la pobreza y para impedir que esta continúe de generación en generación. La educación promueve el desarrollo personal, el fortalecimiento de las capacidades, ayuda a la construcción de una ciudadanía crítica y mejora la democracia, posibilita mayores oportunidades de trabajo y de ingresos, favorece el desarrollo económico de los países. En definitiva, la educación facilita el acceso a otros derechos y tiene una función decisiva en la erradicación de la desigualdad y en la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos”, afirma El País, de España. Parecen perogrulladas y frases de cajón. Pero en países como el nuestro, en donde todavía los derechos fundamentales son una imagen ilusoria, en donde la violencia es una realidad que no queremos soltar, es importante evocar y repetir dichas palabras. Nos hemos acostumbrado a la injusticia social y a esa indolencia que nos despersonaliza en la indiferencia. Así como a vivir en un país muy parecido a una distopía. Un país que está lejos de ser un lugar digno para todos.
La principal motivación de la marcha y de la inconformidad de los estudiantes es el presupuesto designado para las universidades públicas. Hace 25 años el presupuesto a la educación no tiene un aumento significativo, mientras que la cobertura creció en más de un 200%. Solo la Universidad Nacional, en los últimos seis años, creó treinta y seis nue- vos pregrados y posgrados sin recursos adicionales. Por su parte, los recursos destinados al Icetex aumentaron en los últimos 10 años. Los diferentes gobiernos en este cuarto de siglo manifestaron que no hay plata para financiar las universidades públicas. Sin embargo, programas como ‘Ser Pilo Paga’ o el mismo Icetex sí contaron con un aumento en el presupuesto. El problema es la falta de voluntad política. Seguir dejando a la educación pública en último plano. No darle prioridad a lo relevante. Quitarle oportunidades de progreso a millones de colombianos.
Para el año 2019, se requiere una inversión de 3,5 billones de pesos para salir del déficit en que se encuentra la educación pública. El gobierno manifestó que aumentará quinientos mil millones de pesos. Aunque todo aumento es positivo y necesario, se debe solucionar el problema de fondo. La crisis es estructural, es la imposibilidad de brindarle educación de calidad y gratuita a la mayoría.
Se cae a pedazos la infraestructura. No hay cupos para tanta gente. No hay capacitación adecuada para el profesorado. Se destruye la universidad pública y los jóvenes exigen su derecho a la educación, que también es nuestro derecho. Es el derecho a ser un país educado. Un país libre, desarrollado, equitativo y justo.