La educación es de todos
Mientras miles de estudiantes, docentes y rectores de universidades públicas se movilizaban por las calles de las principales ciudades reclamando mayores recursos para el sistema público de educación superior del país; en la sede de la Universidad Libre en Bogotá, 1.500 maestros y directivos de las escuelas más distantes del territorio nacional debatían, en el Foro Educativo Nacional 2018, los retos que demanda alcanzar la excelencia en la educación rural para millones de niños y jóvenes colombianos.
Imprescindible que la educación, la gran fuerza transformadora capaz de sentar las bases de un país más igualitario, equitativo e incluyente, sea discutida en las plazas públicas, foros académicos y escenarios políticos donde, por cierto, presidente del Congreso Ernesto Macías hay que permitirle a los estudiantes expresarse. Ese es el talante de un demócrata.
La multitudinaria protesta de los estudiantes en defensa de la universidad pública demostró el valor de una juventud comprometida que hoy está en pie de lucha frente a la desfinanciación de los centros de educación superior, que llega a 3.2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura.
Un déficit resultado de un perverso esquema de financiación basado en la Ley 30 de 1992 que aumenta el presupuesto anual del Sistema Universitario Estatal de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. Esto lo mantiene “congelado” mientras el número de estudiantes crece año tras año y se deben abrir nuevos programas.
Como nunca antes el sector de educación tendrá recursos por el orden de los 41 billones de pesos en 2019. Notable, pero de este monto solo 3.9 billones irán a las universidades públicas. Los estudiantes habían reclamado 4.5 billones de pesos pero plata no hay, repite sin parar el ministro de Hacienda.
Por eso, la lucha debe seguir. Hay que abordar con celeridad la reforma de este modelo de financiación insostenible para que el hueco no se siga agrandando y se deben buscar fuentes adicionales de financiación para las universidades públicas que requieren recursos, manejados con eficiencia y transparencia, para garantizar calidad, cobertura, pertinencia del conocimiento científico, investigación, innovación, emprendimiento y su ingreso pleno a la Cuarta Revolución Industrial.
Reto inaplazable del Gobierno que debe confirmar su voluntad política con la educación superior, pero también con la educación rural donde la escolaridad es de apenas 6 años frente a los 10 de zonas urbanas. Camino complejo que exige estrategias duraderas para acompañar a los estudiantes de la ruralidad y a sus humildes familias y para dignificar y estimular el trabajo de estos docentes, verdaderos guerreros y gestores de experiencias significativas que están cambiando vidas de niños y jóvenes en el campo o en la selva. Desafíos que nos convocan a todos los colombianos a reclamar educación de calidad sin exclusiones ni dilaciones. Es la mejor forma de generar el cambio como sociedad que estamos demandando.