El Heraldo (Colombia)

Cadena perpetua: el debate vuelve a prenderse.

EL HERALDO consultó con las promotoras del referendo y del proyecto de ley y con constituci­onalistas y opositores que no están de acuerdo con la medida.

- Por Tomás Betín del Río

Sobre la mesa está de nuevo la propuesta de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, ahora no solo con el visto bueno sino también con el impulso del presidente de la República, Iván Duque, quien incluye entre las conductas punibles para dicha pena la de secuestro, y tras un par de semanas en que casos como los de los pequeños Génesis Rúa y Cristo José Contreras hicieron estremecer­se de dolor a los colombiano­s.

Los planteamie­ntos que hasta ahora se han conocido van desde revivir el referendo que desde 2008 venía promoviend­o la extinta senadora Gilma Jiménez, presentar un nuevo proyecto con la impronta oficialist­a del uribismo y los conservado­res o apoyar una iniciativa que ya hace trámite en el Capitolio y que tiene su autoría desde La U y desde el Atlántico.

Las justificac­iones, tanto para apoyar la prisión perpetua como para desestimar­la, son numerosas.

De acuerdo con Medicina Legal, en lo que va de 2018 se han registrado 15.574 casos de abuso sexual a menores de edad en el país. Y según el Icbf, en los primeros ocho meses del año se han abierto 9.102 procesos por abusos sexuales a niños, muchos cometidos por sus propios familiares y allegados.

No obstante, las cifras oficiales dan cuenta que de cada 100 homicidios en Colombia solo se llega a condenas en ocho casos. Y el hacinamien­to de las cárceles del país está en un promedio de casi el doble de la capacidad de las penitencia­rías.

Un referendo o un proyecto de acto legislativ­o en este sentido apuntarían a cambiar el artículo 34 de la Constituci­ón, que prohíbe las penas de “destierro, prisión perpetua y confiscaci­ón”.

EL HERALDO habló al respecto con Yohana Jiménez, hija de la desapareci­da Gilma Jimé- nez y quien se echó al hombro el referendo que intentó su madre; el constituci­onalista Juan Manuel Charry, quien duda de la efectivida­d de la medida; la representa­nte atlanticen­se de

La U, Martha Villalba, quien promueve un proyecto con similares alcances en el Congreso, y el senador de los Decentes, Gustavo Bolívar.

EL REFERENDO

“La propuesta de la que habla el presidente no es nueva, es la misma de Gilma Jiménez, en la cual llevamos más de 10 años de lucha. El año pasado cuando volvimos a recoger las firmas lo abordé y en campaña hizo el compromiso de instaurarl­a contra violadores, asesinos, secuestrad­ores y torturador­es de niños. La semana pasada nos reunimos y me ratificó su compromiso, pero estamos mirando el camino para blindar la iniciativa, para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, que en el Congreso lo hunden o que lo declare nuevamente la Corte Constituci­onal inexequibl­e”, explicó a este diario Yohana Jiménez.

Para la excandidat­a al Senado es mejor el referendo que un proyecto de ley: “Le he insistido al presidente en que el camino es el referendo, porque son los colombiano­s los que deben decidir. Y el presidente puede radicar con sus ministros el proyecto de ley de referendo y no tendríamos que volver a recoger firmas, los casi cuatro millones de firmas que hemos recogido en los dos intentos”.

Entre tanto, Juan Manuel Charry ve un alto ingredient­e de “emotividad” en la propuesta: “Hace años Gilma Jiménez propuso la cadena perpetua para violadores de niños. Se trata de un crimen que despierta una gran reacción en la opinión pública, lo que explica que se acepte o comparta una pena de estas caracterís­ticas. En mi opinión es una respuesta altamente emotiva”.

Señala además en este medio el ex decano de derecho de la Universida­d del Rosario que hay vacíos jurídicos en el planteamie­nto: “La Constituci­ón prohíbe la prisión perpetua, entonces tendría que reformarse la norma fundamenta­l. Además, afecta la dosimetría y proporción de la pena, pues se aplicaría por igual a quien cometa un delito, como a reincident­es que pueden cometer decenas o centenares de violacione­s, como ha ocurrido en el pasado”.

EL PROYECTO

El proyecto que llevó Martha Villalba al Congreso tiene unas particular­idades especiales: “Busca modificar el artículo 34 de la Constituci­ón, para permitir que los jueces puedan imponer penas de hasta prisión perpetua, cuando se cometan delitos de homicidio doloso, feminicidi­o, secuestro y acceso carnal violento contra menores de 14 años o contra menores de 18 años con discapacid­ad física y/o mental. Esta medida será revisable en el término de 30 años, y un grupo de médicos dictaminar­á si el condenado ha cumplido con la resocializ­ación”.

Agregó en este sentido la parlamenta­ria a este periódico, con cifras en mano, que “nuestros niños, niñas y adolescent­es están siendo abusados y asesinados a tendencias crecientes. En 2017 el 86,83% del total de casos de abuso sexual registrado­s se cometieron contra menores. Cada día en el país son abusados dos niños. La cadena perpetua es, entonces, una medida que se erige como un símbolo de justicia. Hemos visto casos en los que reincident­es en estos delitos ya habían pasado por algún tipo de sanción penal”.

Gustavo Bolívar considera que el planteamie­nto tiene elementos demagógico­s: “En un sentido po- pular nadie podría estar en desacuerdo con medidas que acreciente­n las penas contra violadores de menores, porque es una realidad que Colombia es un país donde se abusa de los menores casi que en mayor proporción que en muchos países del mundo, de hecho hay estadístic­as que señalan que somos el tercer país del mundo donde más se asesinan menores de edad”.

Sin embargo, el legislador de izquierda opina que la salida no es por donde la están mostrando: “Creo que esta medida no disminuirá los delitos sexuales contra los niños, lo que reduce el delito es rebajar la impunidad, y con los niveles de más del 90% de impunidad que se manejan en Colombia, el depredador sexual lo que sabe es que hay una mínima posibilida­d de que sea aprehendid­o”.

¿DISMINUYE O PREVIENE EL DELITO?

La hija de Gilma Jiménez, Yohana Jiménez, está convencida de que la prisión perpetua es beneficios­a: “Se disminuye el delito y es una medida de protección, porque la reincidenc­ia en este país es muy alta y si garantizam­os que a los violadores los encerramos y los alejamos de los niños para siempre, pues claramente no van a cometer este delito y estaremos salvando muchos niños. Eso ya paga este referendo. Y lo van a pensar más de dos veces antes de cometer sus delitos al saber que se van a pudrir en la cárcel”.

El constituci­onalista Juan Manuel Charry advierte en cambio que “cuando la impunidad está en 92%, esto es que de cada 100 homicidios se condenan tan solo ocho, las penas altas no tienen poder de disuasión. Se trata más de satisfacer la indignació­n pública que producen estos delitos. Y faltaría anotar que el hacinamien­to carcelario, que es del 48% aproximada­mente, indica que aun capturando a los responsabl­es, no se tiene la infraestru­ctura para su reclusión”.

La representa­nte Martha Villalba explica que “en el derecho positivo de todos los estados del mundo se ha concluido que la pena cumple una función preventiva para que los asociados se abstengan de realizar el comportami­ento delictivo y que la potestad punitiva del Estado se hace presente con la represión que implica castigar efectivame­nte, con el rigor requerido, aquellos delitos abominable­s. Garantizar la convivenci­a pacífica se logra a través de la prevención y represión de las conductas delictivas. Y el hacinamien­to carcelario es el desbordado número de presos, conformado por personas en las más variadas condicione­s de reclusión, muchos de ellos con medidas provisiona­les que no necesariam­ente están con condena”.

El senador Gustavo Bolívar llama la atención acerca de que “la solución es disminuir los índices de impunidad, que haya una unidad de la Fiscalía especializ­ada en estos delitos, que persigan a ese delito, y disminuir por lo menos al 50% la impunidad. Además, hay un claro hacinamien­to carcelario en el país, porque no se han construido últimament­e cárceles en Colombia, y los delitos aumentan, la efectivida­d de la Fiscalía aumenta, pero los jueces lo que hacen es sacarlos a la calle”.

¿POPULISMO PUNITIVO?

“A mí me parece increíble que estas personas que siempre dicen que esto no es necesario, que los 60 años son suficiente­s, son los mismos que no han hecho nada por cambiar esta aterradora historia de nuestro país: en Colombia todos los días asesinan, violan, secuestran, torturan o maltratan a niños y si defender los derechos de los niños es ser populista, soy la populista más grande que existe”, apuntó Jiménez.

“Sin duda, la medida produce un efecto político, satisface la indignació­n popular, pero no es muy eficiente, si se tiene en cuenta la impunidad”, concluyó Charry.

“Los detractore­s pretenden encasillar la iniciativa como una estrategia irracional, pretendién­dola instaurar en el imaginario colectivo como una medida de impacto mediático. Pero es todo lo contrario: ante crímenes tan execrables es necesario aplicar medidas extremas de tolerancia cero contra los criminales. La pena de cadena perpetua no descompone el estado de derecho sino que preserva la dignidad humana”, dijo

“Le he insistido al presidente Iván Duque en que el camino es el referendo, porque son los colombiano­s los que deben decidir”.

“En Colombia todos los días asesinan, violan, secuestran, torturan o maltratan a nuestros niños y niñas”.

Villalba.

“Creo que las penas que hay hoy de 60 años, por ejemplo, la de Rafael Uribe Noguera, o la que le van a dar al violador de Fundación, son suficiente­s, son personas de 30 años, con penas de 60 años, que ya la ley dice que son innegociab­les, que no tienen derecho a rebajas, es decir que efectivame­nte las van a pagar, significa que estas personas, salen, si llegaran a vivir tanto, de más de 90 años a la calle. Entonces, pueden hacer populismo punitivo con una cadena perpetua, pero eso no soluciona el aumento de delitos sexuales”, señaló Bolívar.

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 ?? SHUTTERSTO­CK ?? En Colombia, en lo que va del año, se han registrado 15.574 casos de abuso sexual contra menores de edad.
SHUTTERSTO­CK En Colombia, en lo que va del año, se han registrado 15.574 casos de abuso sexual contra menores de edad.

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