La crisis de la JEP no es la crisis de la paz

Como decían los abuelos a los niños al verlos llorar, luego de haberse caído de la cama: “Se le dijo, se le advirtió, pero no hizo caso”, así mismo sucedió con la creación y puesta en marcha de la llamada Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Desde un comienzo “se les dijo y se les advirtió” al Gobierno y a las Farc que tan novedoso modelo judicial tenía enormes riesgos de convertirse en un dolor de cabeza para el país. Desde la escogencia de los magistrados que la integrarían

–la mayoría de ellos con abierta militancia en la izquierda democrática y malquerientes de nuestras Fuerzas Militares– hasta las primeras decisiones adoptadas, quedó en evidencia que la JEP tendría enormes fisuras que impedirían el cumplimiento cabal de sus funciones. De hecho, dos de sus más altos funcionarios –su exsecretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, y su sucesora, Marta Lucía Zamora– tienen requerimientos pendientes con la Fiscalía General por supuestos abusos y extralimitación en sus funciones. La JEP, como fue concebida en La Habana, está lejos de ser un sistema eficaz para cumplir con la razón de ser de la negociación de La Habana, que no es otra que la verdad, la reparación y la no repetición de actos criminales contra las víctimas del conflicto armado. La Corte Constitucional deberá emplearse a fondo para “encausar” un novedoso sistema judicial que, inclusive, está por encima de las altas cortes del país. Mientras la JEP atraviesa su momento más difícil, cerca de 225.000 casos que debería estudiar, siguen a la espera de su análisis y posterior definición.