Cámara da visto bueno a la destinación del cargo por confiabilidad para crisis de Electricaribe
El Gobierno y la Creg habían rechazado el martes la iniciativa, pero la Comisión Quinta de la cámara baja hizo caso omiso a sus advertencias y la aprobó. Para convertirse en ley le faltan tres debates.
BOGOTÁ. Aunque el Gobierno y la Comisión Reguladora de Energía y Gas, Creg, habían rechazado el martes la iniciativa, la Comisión Quinta de la Cámara decidió ayer aprobar en primer debate el proyecto de ley que pretende, entre otros asuntos, destinar parte del cargo por confiabilidad a solventar la crisis de energía eléctrica en el Caribe.
El proyecto, para poder convertirse en ley, deberá enfrentar tres debates restantes: el segundo en la plenaria de la Cámara, el tercero en la Comisión Quinta del Senado y, finalmente, el cuarto en la plenaria del Senado, en ese orden.
La iniciativa tiene el viento en contra del Ejecutivo, pero el visto bueno de la Bancada Caribe, que hace un par de meses lo suscribió como una alternativa para resolver el problema de Electricaribe.
Al respecto, el autor del articulado, el senador barranquillero de La U, José David Name, señaló que el proyecto de Ley 130 de 2018, de redistribución del cargo por confiabilidad, “busca resolver la crisis que afecta a Electricaribe, impedir el aumento de las tarifas de energía en la región Caribe y que exista mayor transparencia en la destinación de dichos recursos”.
Añadió Name en este sentido que “la aprobación de este proyecto en su primer debate es una buena noticia para el país, en especial para la Costa, que hace mucho no recibe anuncios alentadores sobre el futuro de Electricaribe”.
Frente al futuro de la iniciativa manifestó: “Esperamos que siga su trámite con éxito para que pueda cumplir sus objetivos, entre los que también está financiar subsidios del servicio de energía para estratos 1 y 2 y garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
Los ponentes fueron los representantes Karen Cure, bolivarense de Cambio Radical; Franklin Lozano, magdalenense de Opción Ciudadana, y Alonso del Río, bolivarense del Partido de la U.
El pasado martes, en la audiencia pública sobre este proyecto, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Cristian Jaramillo, advirtió que “eliminar el esquema del cargo por confiabilidad pone en riesgo la prestación del servicio. El cargo es un pago entre privados y apropiarse de este es establecer un impuesto. Sería una mala señal para los inversionistas cuando se necesita mayor cantidad de generación, líneas de transmisión y redes de distribución”.
Y frente a la posibilidad de usar parte de esos recursos para la crisis de la empresa, señaló que “la solución a Electricaribe debe ser focalizada y no modificar todo el esquema para acomodarse a esta coyuntura. En caso de que prospere el esquema propuesto se debería implementar otro mecanismo, es decir, el aumento de tarifas”.
A su vez, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, durante su intervención, planteó sus reservas frente a la iniciativa: “Si a las hidráulicas se les disminuyen sus recursos por el cargo por confiabilidad, en un momento de El Niño esas hidráulicas estarían libres para decidir cómo usan su agua del embalse, ya que no estarían obligadas por la energía en firme”.
CONJURAR LA CRISIS. El pasado 5 de septiembre, la Bancada Caribe, encabezada por los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Name, radicó el articulado para destinar el 30% del cargo por confiabilidad, durante los siguientes ocho años, para conjurar la crisis de Electricaribe y 20% para financiar los subsidios de energía para los estratos 1 y 2, entre otras medidas.
El proyecto propone distribuir así el recaudo por concepto del cargo de confiabilidad: el 20% para los subsidios de energía de los estratos 1 y 2, el 50% para la financiación del mantenimiento de las plantas termoeléctricas e inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de generación eléctrica, el 30% se destinará a financiar proyectos de inversión para garantizar la confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, y durante los primeros 8 años de vigencia el 30% de la contribución destinada a proyectos de inversión será exclusivamente para garantizar la prestación del servicio de energía en el Caribe y se facultará al Ministerio de Minas y Energía para regular todo lo relativo a la ejecución de estos recursos destinados a financiación del mantenimiento de las plantas termoeléctricas e inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de generación eléctrica.
CÓMO SE COBRA. El cargo se cobra en la factura de la luz de todos los usuarios desde 1996 y sirve como un “seguro” que permite a las generadoras eléctricas responder por el servicio de energía en momentos de escasez. Sin embargo, en 2016 la Contraloría concluyó que en los años anteriores las generadoras utilizaron los recursos de este cargo para financiar su operación empresarial y no para hacer el mantenimiento a la red eléctrica, lo que casi provoca un apagón en 2015.
Suscribieron la iniciativa, además, el cesarense Didier Lobo, de Cambio Radical; el barranquillero Efraín Cepeda, del Partido Conservador; el barranquillero Mauricio Gómez, del Partido Liberal; la cartagenera Dayra Galvis, de Cambio Radical; el barranquillero Eduardo Pulgar, de La U; el cordobés Johnny Besaile, de La U; el cordobés Erasmo Zuleta, de La U; y el cesarense Christian Moreno, de La U.