Apuntes sobre un plan
La propuesta del presidente Duque sobre Electricaribe muestra su disposición a resolver el lío, y esto hay que valorarlo. Pero hay puntos que merecen una discusión serena, como el de la posible segmentación del mercado.
Quizá no exista hoy un elemento más aglutinador de los costeños que la preocupación por el futuro del servicio eléctrico. La intervención de Electricaribe, hace más de dos años, en vez de disipar los temores, ha conseguido acrecentarlos por los tumbos que ha dado el proceso de saneamiento y búsqueda de operador. Por eso hay que resaltar como positivo el encuentro del jueves en la Casa de Nariño, en el que el presidente Duque expuso a mandatarios, congresistas y líderes gremiales costeños sus planes para resolver el lío de Electricaribe. El hecho en sí de que se haya concertado esta cita muestra la disposición del presidente a abordar un problema complejo, heredado –toda hay que decirlo– de anteriores administraciones.
En cuanto a los resultados, estos merecen una valoración más detenida. Sin duda, el anuncio más importante de Duque fue su compromiso de que el Estado asuma el pasivo pensional de la compañía, que asciende a $1,2 billones. La liberación de esta carga hará un poco más atractiva la empresa ante los potenciales inversionistas. También hay que celebrar que el Gobierno haya desbloqueado $800 mil millones de créditos Conpes que había tramitado la administración anterior.
Otra decisión importante –esta agridulce– es que comenzará un nuevo proceso de búsqueda de operador. El que puso en marcha el anterior Gobierno solo recibió una propuesta, que, encima, vulneraría la ley: el oferente –la filial americana de la compañía italiana Enel– posee una importante participación en la Empresa de Energía de Bogotá y, con su eventual control de Electricaribe, sobrepasaría el tope máximo del 25% de participación permitido en el mercado de la distribución y comercialización eléctrica del país. Decimos que la decisión es agridulce, porque abriría la puerta a más proponentes, pero a costa de extender un año más la intervención de la empresa, con lo que implica el aplazamiento de las grandes inversiones y sin la certeza de que el desenlace será el deseado.
Para el nuevo proceso, el presidente planteó dos acciones: segmentar el mercado eléctrico de la Costa, con el pretendido fin de atraer más propuestas. Y elevar, mediante un cambio normativo, los topes de participación del mercado eléctrico hasta un 35%, pensando seguramente en facilitar la opción de Enel u otra que se halle en condiciones similares.
Aquí las cosas se complican. A falta de detalles sobre el sentido que tendría la segmentación del mercado (¿por áreas territoriales?, ¿por niveles de consumo?), dicha fragmentación siempre se ha visto con recelo en la Costa. No solo porque puede dejar la parte más deprimida del mercado a la buena de Dios, sino, también, por razones políticas, en el sentido elevado del término: el servicio eléctrico es hoy, quizá, la ‘institución’ más representativa del interés colectivo regional, y su atomización acabaría con este elemento de cohesión.
Por otra parte, elevar los topes de participación puede conducir a posiciones de dominio en el mercado, con consecuencias indeseables para los consumidores. El debate apenas comienza. Lo importante es que nuestros líderes acierten a llevar la nave a buen puerto.
El anuncio más importante es que el Estado asumirá el pasivo pensional de la compañía, que asciende a $1,2 billones. Y el desbloqueo de $800 mil millones de créditos Conpes que había tramitado el Gobierno anterior.