Universidades públicas completan dos meses en paro y nada de acuerdo
El incremento de la base presupuestal para funcionamiento es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo que le ponga fin al cese de actividades académicas.
Las negociaciones entre estudiantes y el Ministerio de Educación están estancadas en la discusión por los recursos destinados a la educación superior pública. El Gobierno nacional adicionó $1,5 billones, pero los estudiantes exigen $6,2 billones.
El paro estudiantil que llevan a cabo las universidades públicas del país ya completa dos meses. Luego de nueve sesiones de concertación entre los ministerios de Educación y Hacienda y líderes de las diferentes asociaciones universitarias, las partes aún no llegan a un acuerdo que le ponga fin al cese de actividades académicas.
Durante este tiempo, los estudiantes se han manifestado en nueve oportunidades en las diferentes ciudades del país y le han pedido al Gobierno que tenga “voluntad política” para aumentar el presupuesto destinado para la educación superior en Colombia. Dicho presupuesto fue presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Duque le ha hecho varias modificaciones para aumentar las partidas de inversión en educación. El Gobierno de Duque ha señalado en múltiples oportunidades que ha hecho esfuerzos por aumentar la base presupuestal y el monto destinado para las inversiones de las instituciones de educación superior en el país y ha conminado a los estudiantes a que retornen a las aulas.
No obstante, la discordia entre las dos partes continúa y, de acuerdo a lo explicado por sus respectivos voceros, hay dos puntos en los que aún no han llegado a un acuerdo: El primero de ellos son los recursos que hacen falta para subsanar el déficit de las universidades públicas de este año, dinero que utilizan las instituciones para el pago de sus nóminas, servicios públicos, entre otros, y que está por el orden de los $500 mil millones.
El otro punto, son los recursos que se le añadirán a la base presupuestal, es decir, los recursos fijos con los que cuentan las universidades cada año y que aumentan de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, IPC, según lo estipulado por la Ley 30 de 1992.
¿QUé PIDEN LOS ESTUDIANTES?
Agrupados en el Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior, estudiantes de diferentes organizaciones, asociaciones o plataformas estudiantiles y docentes se reunieron con el fin de presentarle al Gobierno propuestas y al- ternativas para superar el paro que realizan desde el pasado 10 de octubre.
El principal argumento de los estudiantes para las movilizaciones es que sí hay recursos, mas no voluntad por parte del Gobierno nacional para subsanar el “déficit histórico” de las universidades públicas, el cual supera los $15 billones en inversión y los $3,2 billones en funcionamiento.
En este último punto, los líderes estudiantiles conminan al Gobierno para que aumente la base presupuestal para el funcionamiento, la cual —en su concepto— debería estar en $6,2 billones y no en los $3 billones destinados actualmente.
Para esto, los estudiantes afirman que es “indispensable” que los $3,2 billones se paguen en un plazo máximo de diez años y se haga una reforma a la Ley 30 de 1992, para que esta base no aumente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en 2017 fue del 4,1%, sino con el Índice de Costos de la Educación que está en 5,9%.
Estas cifras explican, según los estudiantes, el crecimiento en la brecha del presupuesto para funcionamiento, ya que en 1993 las universidades tenían 150 mil estudiantes y en 2018 la población estudiantil universitaria sumó alrededor de 600 mil.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, Acrees, le presentó al Gobierno ocho alternativas con las que el Estado podría aumentar el presupuesto para las diferentes instituciones.
El traslado de recursos del Presupuesto General de la Nación, la apropiación de utilidades de Icetex y del Fondo Patrimonial, el traslado del Fondo de Compensación Interministerial, traslado de los recursos del IVA apropiados por el FoSies, traslado del presupuesto del programa ‘Generación E’ y trasladar $1,2 billones del presupuesto de la inversión al de funcionamiento, son las alternativas puestas en la mesa por parte de los universitarios y, que aseguran, han sido, en su mayoría, ignoradas por parte de los representantes del Gobierno sentados en la mesa de concertación.
Otro de los puntos de la discordia entre el Gobierno y los estudiantes es el Icetex. Los jóvenes aseguran que el literal dos del Artículo segundo de la Ley 1002 de 2005 establece una “ventana” para destinar del Fondo Patrimonial una partida del 30% para fortalecer el “acceso y la permanencia” en la educación superior, es decir, recursos por $865 mil millones que podrían invertirse en las instituciones educativas.
¿QUE HA PROPUESTO EL GOBIERNO?
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, aseguró que ha tenido la voluntad para sentarse a escuchar a los estudiantes y así llegar a un acuerdo que permita el retorno de las clases.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el presidente Iván Duque señalaron en varias oportunidades que no hay más recursos, en el corto plazo, para destinarlos para la educación superior en el país.
Pese a la falta de recursos, el presidente Duque, en acuerdo con los rectores de las instituciones universitarias públicas, anunció $300 mil millones anuales para la inversión en los establecimientos de educación, lo que suma un total de $1,2 billones.
Adicional al anterior anuncio, el jefe de Estado prometió un incremento de hasta 4 puntos más el IPC para 2022 en el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas.
Posteriormente, la ministra Angulo sostuvo que luego de una concertación con los estudiantes el incremento para la base presupuestal de las universidades quedó en 3,5 puntos más el IPC para 2020, 4 puntos más el IPC para 2021 y 4,5 más el IPC para 2022.
En cuanto a la inversión, la jefa de la cartera de Educación aseguró que comenzaron en $1,2 billones y la cifra, luego de las concertaciones, ya alcanza el monto de $1,5 billones.
En cuanto al déficit de $500 mil millones para finalizar 2018, que preocupa a los estudiantes, la ministra de Educación explicó que en conjunto con el Ministerio de Hacienda acordaron un plan de recuperación de pasivos en tres años.
Además de estos esfuerzos anunciados por el Gobierno, la ministra Angulo también señaló que piensan en un proyecto, a largo plazo, para trabajar en la reforma de los artículos 86 y 84 de la Ley 30, que considera “claves” para la financiación y futuro de las universidades.
LO QUE VIENE
José David Morales, líder estudiantil de la Universidad del Atlántico, aseguró que han llegado a acuerdos con el Gobierno en algunos puntos, como el de la inversión a Colciencias e institucionalización.
Reiteró que los estudiantes no se levantarán de la mesa hasta que existan propuestas “claras y concretas” sobre cómo se va a aumentar la base presupuestal de las universidades, que considera “vital” para que las instituciones “no se caigan”.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reiteró que es importante que se le haga una reforma constitucional al sistema de regalías, con el fin de que las universidades cuenten con una fuente de financiación a largo plazo.
Sostuvo que es importante que las cifras propuestas por el Gobierno queden dentro del marco de gastos, con el fin de que se puedan cumplir.
Angulo explicó que durante nueve sesiones se han sentado diferentes representantes de las dependencias del Gobierno para explicarles a los estudiantes la situación actual del país y la búsqueda de fuentes que permitan inyectarle más recursos a la educación superior.
Mientras tanto, han pasado casi dos meses y el ‘tira y jala’ entre el Gobierno y los universitarios continúa. Mientras los jóvenes prepararan una nueva marcha para esta semana, el Gobierno espera que en la próxima reunión haya humo blanco y el cese de actividades académicas termine.