Así operaba ‘cartel de las pensiones’ del Atlántico
El ente investigador señala a abogados y a un exjuez de defraudar el patrimonio de Colpensiones, utilizando la jurisdicción laboral El despojo pasaría los 3 mil millones de pesos.
En coordinación con un grupo de abogados, un juez laboral aprobaba millonarias pensiones a adultos mayores que no tenían derecho, según la investigación de la Fiscalía.
A $3.129 millones asciende la defraudación a Colpensiones. El fiscal del caso detalló que el juez permitía a los abogados disponer de los dineros sin haber notificado a la entidad.
“El juez permite a los abogados disponer y retirar de los dineros sin que la liquidación estuviera en firme”.
El 5 de octubre anterior las autoridades policiales divulgaron un cartel de recompensas con el que pretendían obtener información extra sobre los autores intelectuales y materiales de asesinatos de dos adultos mayores ocurrido sen la capitaldel Atlántico años atrás. Dos meses después, tal alerta de la institución armada y de la Fiscalía dio aparentemente los primeros resultados, por lo que días atrás se hicieron efectivas unas primeras capturas relacionadas con ambos casos. Al tiempo, investigadores confirmaron que los hechos al parecer estarían ligados con un grupo de profesionales del derecho que se dedicaban a arrebatarles jugosas mesadas a los adultos mayores a como diera lugar.
LOS PROCEDIMIENTOS. Luego de cuatro años de investigación judicial en las que se realizaron entrevistas, declaraciones juramentadas, exámenes de documentación, registros bancarios, y allanamientos, funcionarios del CTI de Bogotá se trasladaron hasta la capital del Atlántico para capturar a las 6:00 de la mañana del pasado miércoles a Juan Carlos Correa Olaya, quien durante un año fungió como juez 14 Laboral del Circuito. La captura del exfuncionario judicial se materializó en plena vía pública de la calle 82A con carrera 41E. Justamente en ese lugar también fue aprehendida una abogada que lo acompañaba, identificada como Maryori Sofía De la Hoz Peña. Posterior a esa acción, en el barrio El Carmen, suroccidente de Barranquilla, y en el barrio Bellavista, norte de la ciudad, otra cuadrilla del CTI capturó a los abogados Zirina Viviana Galezzo Bolívar y José Ulises Torres Narváez, respectivamente. Los detenidos, luego de un breve paso por la URI de la Fiscalía, fueron presentados a audiencias de legalización de captura e imputación de cargos en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. El delegado de la Fiscalía 14 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en audiencias preliminares ante la juez décima penal municipal con funciones de control de garantías, señaló que los detenidos habrían creado una “red criminal” con el objetivo de obtener millonarias cantidades de dinero producto de demandas pensionales. “Ustedes (los capturados) y otras personas sobre las cuales pesa una orden de captura, desde noviembre de 2013, se concertaron bajo el liderazgo de Maryorie De la Hoz y de Zirina Galezzo con el fin de realizar delitos encaminados a defraudar el patrimonio de Colpensiones, utilizando la jurisdicción laboral”, señaló el delegado de Fiscalías. Y continuó su explicación: “Por su parte, el juez 14 Laboral del Circuito, Juan Carlos Correa Olaya, previamente concertado, reconocía el derecho a los abogados y los hacía efectivos”.
MILLONARIAS PENSIONES. Según las investigaciones en total fueron cuatro golpes propinados por esta red de litigantes al sistema de pensiones: el monto de lo defraudado, de acuerdo con la Fiscalía, asciende a más de 3 mil millones de pesos ($3.129.978.682). EL HERALDO pudo conocer que el procesado Juan Carlos Correa Olaya fue nombrado de manera provisional por la Sala Plena del Tribunal Superior de Barranquilla el 17 de julio de 2013 como juez 14 Laboral del Circuito. “En un año que duró ejerciendo funciones como juez, la Fiscalía tiene posible material probatorio que demostraría que una vez los procesos eran redireccionados hacia Correa Olaya, este no valoró el material probatorio, no decretó las pruebas pendientes y, a pesar de no tener elementos suficientes de juicio, falló los procesos y reconoció millonarias pensiones sin que los demandantes tuvieran derecho”, señaló el fiscal del caso a la juez que presidía la diligencia judicial.
DEMANDAS FATALES. La investigación de la Fiscalía revela que como servidor público Correa Olaya conoció dos procesos cuyos demandantes fallecieron en actos sicariales. Los crímenes fueron perpetrados meses después de que sus abogados cobraran y, al parecer, no les entregaran a los pensionados las millonarias sumas de dinero, producto de las demandas pensionales. El primer caso al que hace referencia el ente acusador es al del fallecido Néstor Carlos Serrano Henríquez, quien por medio de su entonces apoderada y actualmente capturada, Maryorie De la Hoz Peña, demandó a Colpensiones con el objetivo de modificar su pensión inicialmente reconocida de vejez por una que se denomina ‘especial de alto riesgo’. “Esta pensión especial de vejez de alto riesgo le permitía beneficiarse de un retroactivo millonario y un incremento de la mesada pensional”, reza un aparte de la investigación de la Fiscalía. Sobre esta demanda, el ente investigador sostiene que el juez Correa Olaya, el 9 de diciembre de 2013, condenó a Colpensiones a pagar a Néstor Carlos Serrano Henríquez una pensión especial de vejez a partir de 1998, en cuantía de $942.443 más los reajustes correspondientes. El pago de cuantías por concepto de mesadas no canceladas desde 2008 por valor de $298 Interés moratorio a partir del 29 de junio de 2008 por valor de $175 millones, y agencias en derecho a favor del demandante a favor de $57 millones. “El juez 14 no remitió las sentencias de condena a Colpensiones para que surtiera el grado jurisdiccional de consulta, es decir, un juez superior no revisó la sentencia del juez y a partir de esta revisión es que se cancela el dinero o se revoca la decisión. Sin embargo, el juez permite a los abogados disponer y retirar de los dineros sin que la liquidación estuviera en firme”, aseveró el fiscal. Agregó sobre el beneficiario de la millonaria pensión: “Al señor Néstor Carlos Serrano Henríquez, unos sicarios lo mataron”. Esta casa periodística conoció que la Fiscalía, paralelo al proceso por el cual pudo capturar a estas personas, investiga si este homicidio y el de Manuel María Steel, ocurrido el 19 de mayo de 2016, tiene relación con las demandas pensionales. “Se dictó sentencia el 5 de marzo de 2014, el juez correa condenó a Colpensiones a pagarle a Manuel María Steel una pensión especial de vejez a partir del 13 de mayo de 2013 en cuantía de $4 millones de pesos; condenó al pago de cuantías por concepto de mesadas no canceladas desde el 1 de junio de 2013, por $719 millones de pesos. Y condenó al pago de $80 millones de pesos por agencias en derecho a favor del demandante”, dijo el fiscal. “Después de que le reconocen el derecho, lo asesinan”, agregó sin especificar quién fue el autor del crimen. Sobre la pensión reconocida por el juez a María Steel, el investigador judicial señaló que el togado entregó los dineros antes de que se surtieran las etapas establecidas por la ley. “Sin que la liquidación estuviera en firme , el juez permite a los abogados disponer y retirar de los dineros”, señaló la fuente. Aún sin establecer por parte de la Fiscalía el móvil del crimen de Manuel Steel, el teniente coronel Jesús de los Reyes dijo, momentos después de ocurrido el hecho de sangre en el barrio Los Andes, que “se presume que hay una situación relacionada con posibles dineros a los cuales el semillones. ñor Steel tenía derecho y que parece ser fue víctima de un engaño”, puntualizó el alto oficial.
EL ENGAÑO DE ZIRINA. En las diligencias judiciales llevadas a cabo el viernes pasado, la Fiscalía señaló que José Ulises Torres Narváez fungió como abogado de Alcides Suárez Valencia, hoy testigo clave de la Fiscalía. “El 4 de julio de 2013, el juez 14 Laboral del Circuito condena a Colpensiones a pagar a Alcides Suárez Valencia los rubros de una pensión especial de vejez a partir del 30 de noviembre de 1999, en cuantía de $3 millones más reajustes correspondientes. Así como el pago de cuantías por concepto de mesadas no canceladas desde el 30 de noviembre de 2009”, explicó a la togada el fiscal. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la abogada Zirina Galezzo Bolívar habría intentado engañar a Suárez Valencia, “le entregó una providencia, al parecer, falsificada por un valor totalmente diferente al sentenciado por el juez Correa”. “Fiscalía cuenta con ambas providencias, la del juez y la falsificada. Estas tienen una diferencia de más de 1.200 millones”, puntualizó el fiscal. EL HERALDO pudo conocer que Alcides Suárez Valencia sufrió un atentado del cual salió ileso, este hecho aún es materia de investigación por parte de las autoridades. El último hecho que tiene registrada la Fiscalía acerca de los ‘negocios’ de estas personas es la sentencia del 5 de marzo de 2014. “Por concertación con los abogados, el juez Correa condenó a Colpensiones a pagarle a un hombre que hoy está fuera del país, fue amenazado. La Fiscalía pudo ubicarlo porque se creía que era una desaparición forzada. El juez Correa dijo que se le pagara en su favor una pensión especial de vejez a partir de febrero del 2.000 con una cuantía de $3 millones, condenó al pago de cuantías por concepto de mesadas no canceladas desde el año 2010 por valor de $775 millones de pesos. Y $93 millones por concepto de agencias en derecho a favor del demandante”, continuó el fiscal su explicación ante el juez y señaló que por reservas sumariales omite la identidad de los investigados que participaron con los detenidos, pues actualmente se encuentran prófugos de las autoridades. Está prevista para el martes la continuación de las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra los cuatro procesados por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación y en favor de terceros en concurso homogéneo sucesivo.