Los líos jurídicos de Zunilda Toloza, exalcaldesa de Chiriguaná
Es investigada por presuntos actos de corrupción y por asonada, tras disturbios luego de que perdiera su primera campaña a la alcaldía en 2011 ➲ Además, fue destituida por la Procuraduría.
ZVALLEDUPAR unildaToloza Pérez fue elegida alcaldesa del municipio de Chiriguaná, en el corredor minero del Cesar, para el periodo 2016-2019. Sin embargo, no pudo terminar su mandato debido a una destitución fulminante en agosto de este año por parte de la Procuraduría tras determinar irregularidades en la elección del Personero en esa localidad.
No obstante, el lío disciplinario es apenas uno de los tantos en los que se ha visto envuelta la exmandataria, teniendo en cuenta que también es investigada penalmente por asonada y actos de corrupción. Su nombre igualmente estuvo comprometido en un escándalo por un préstamo personal que hizo a un particular en el que aparecía como codeudor el Municipio.
Ha sido capturada en dos ocasiones, y en cada una de ellas ha obtenido su libertad en primera instancia, aunque los procesos judiciales en contra continúan.
El primer conflicto en el que aparece relacionada ante la Justicia se relaciona con una asonada ocurrida en 2011, cuando Zunilda Toloza se lanzó por primera vez como candidata a la Alcaldía de Chiriguaná; en aquella ocasión fue derrotada en las urnas por el conservador Gustavo Aroca, pero al parecer ella y un grupo de seguidores no estuvieron de acuerdo con los resultados, generándose una alteración del orden público que terminó con la incineración de la sede de la Registraduría del Estado Civil y la destrucción de un puesto de votación.
Aquello valió para que la Fiscalía la investigara, imputándole el delito de asonada. Por este hecho, en septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal Promiscuo Bacrim con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento con beneficio de libertad a la entonces alcaldesa de Chiriguaná.
En este caso también están vinculadas ocho personas más, entre ellas su esposo Carlos Torregrosa y su hermano Arturo Toloza, quienes fueron cobijados con detención domiciliaria como presuntos responsables de los delitos de daño en bien ajeno, perturbación electoral y asonada, los cuales les fueron imputados durante la audiencia de judicialización.
LA DESTITUCIÓN
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó a la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza, y a tres concejales de ese municipio por irregularidades en la elección del personero; adicionalmente los cuatro fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el término de 13 años.
La decisión cobija además de la mandataria, a los concejales Walter García Machado, Alexander Barragán Galvis y Miguelina Esther Orta Montecristo.
El fallo del Ministerio Público surgió a partir de una queja radicada el 18 de julio de 2016 por el entonces aspirante a personero, Pedro Miguel Peinado, quien denunciaba que la alcaldesa y los concejales no daban cumplimiento a un fallo de tutela emitido por el Juzgado Civil del Circuito de ese municipio, proferido el 8 de junio de 2016.
El juez ordenaba al Concejo Municipal, concretamente a su mesa directiva, que suspendiera e inaplicara el Acta 005, la Resolución 004 del 10 de enero de 2016 y retomara la lista de elegibles de aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal, publicada por la Universidad de Cundinamarca.
Zunilda Toloza Pérez llegó al poder bajo el respaldo del Partido de La U, y tras su retiro del cargo, fue designado de una terna de esa colectividad el exdiputado Eduardo Esquivel, quien ahora tiene las riendas de la municipalidad, que previamente tuvo como mandatario encargado al secretario de Ambiente del Cesar, Andrés Arturo Fernández.
EL PRÉSTAMO
Este año, el nombre de Zunilda Toloza volvió a la ‘picota pública’ en relación con un préstamo que hizo a título personal con un particular, firmando una letra en blanco para amparar la deuda, pero que al intentar ser cobrada aparecía como codeudor el Municipio.
Por esta presunta irregularidad, el Ministerio Público le abrió indagación preliminar a Toloza para que respondiera si comprometió o no las arcas oficiales en el préstamo que adquirió en 2016. No obstante, la exalcaldesa ha insistido que el documento cambiario fue adulterado vinculando al municipio en la acreencia.
La queja ante la Procuraduría la instauró el personero de Chiriguaná, Pedro Miguel Peinado, al conocer una demanda donde el particular Gustavo Andrés Pérez, quien hizo el préstamo a la entonces mandataria, exigía el pago de $497.800.000 con la letra que aparece firmada por Zunilda Toloza y/o municipio de Chiriguaná. Sin embargo, la exalcaldesa señala que esa no fue la cantidad que le prestaron, sino una mucho menor, y que tampoco vinculó a la administración municipal.
Por esta demanda, en noviembre de 2017 un Juzgado de Valledupar ordenó el embargo de las cuentas de la Alcaldía y de la mandataria, decisión que fue confirmada en febrero de este año por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad en la capital del Cesar.
“En el juzgado se presenta una demanda ejecutiva singular por la firma de una letra que tenía la alcaldesa por un préstamo que le hicieron. El demandante arguye que la mandataria firma el documento en nombre propio y en representación del municipio, pero no aporta la autorización del Concejo Municipal para que la funcionaria pudiera firmar ese título valor, que no está a nombre del Municipio, sino que es un préstamo personal, y ellos adulteran el título y meten al municipio y a Zunilda Toloza”, explicó en su momento el abogado de la alcaldesa, Luis Avendaño Gamarra.
“Estamos solicitando una prueba grafológica porque los documentos fueron adulterados, y que se compulsen copias a la Fiscalía por fraude del demandante”, sostuvo.
El personero Peinado señaló que “el proceso sigue, el Municipio está vinculado todavía y ahora más porque solicité la nulidad de todo lo actuado debido a que nunca me notificaron ni a mí como personero, ni a la Procuraduría, que esa demanda estaba en curso contra Chiriguaná para defender sus intereses", puntualizó.
PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
A comienzos de este diciembre en una audiencia de imputación, la Fiscalía reveló las presuntas irregularidades en que habría incurrido la exalcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza, en el contrato para el suministro de paquetes alimentarios a población de la tercera edad en ese municipio, firmado con la Fundación Camino Verde en 2016, y por las cuales tanto la exmandataria como la contratista María Concepción Canales y el interventor Eleuterio Rincón Tortello fueron capturados por agentes del CTI y puestos a disposición ante un juez con funciones de control de garantías, que dejó en libertad a la exmandataria y a la contratista y con detención domiciliaria al interventor.
De acuerdo con la investigación, para la celebración de dicho contrato que se hizo de manera directa, y por el que la Alcaldía pagó un valor superior a los $1.300 millones, no solo se adquirieron los productos alimenticios con un precio superior a los del mercado, sino que la contratista utilizó una empresa proveedora que de acuerdo con los registros de Cámara de Comercio fue creada dos días antes de la firma del convenio, y que además al verificar la dirección la Fiscalía se percató de que era una casa de familia en el barrio Alfonso López de Valledupar, es decir que dicha firma proveedora no existía.
Haciendo cotizaciones en los almacenes de cadena sobre los costos de los productos que integraban los paquetes alimentarios que iban destinados a los adultos mayores de escasos recursos, la Fiscalía determinó un incremento de $33.350 en cada uno, que multiplicados por los 8.500 pactados a entregar, sumaba una diferencia de $283.475.000, afectando las arcas del municipio.
La Fiscalía también pudo determinar que las bolsas plásticas que utilizaron para empacar los alimentos las adquirieron en una empresa en Barranquilla por un valor unitario de 360 pesos, pero en la propuesta la contratista le asignó un costo de $5.000 a cada una, generando un sobrecosto de $42.500.000.
De esta forma se habría configurado un detrimento, por apropiación de recurso público, por más de 320 millones de pesos.
Por estos hechos, el organismo de investigación les imputó a la exalcaldesa Toloza, al interventor Eleuterio Rincón y a la contratista María Canales, esta última en calidad de interviniente, los delitos de peculado por apropiación agravado a favor de terceros en concurso heterogéneo con contrato sin el lleno de los requisitos legales; igualmente a Rincón y a Canales se les imputó falsedad ideológica en documento público.