Urgencia ‘espantabuques’
Al alcalde Char le tocó cumplir la penitencia de declarar la calamidad para que luego Cormagdalena declare la supuesta emergencia a fin de contratar otra vez a las volandas una draga. Pero todas esas exigencias hacen parte de un circo del absurdo. ¿Cómo es posible que para dar precario y tardío cumplimiento a una ley, la 1ª de 1991, que obliga al gobierno colombiano a seguir construyendo, conservando y manteniendo de manera permanente “el canal navegable del río Magdalena en el Puerto de Barranquilla y sus obras complementarias” haya que afirmar que dicha calamidad es producto de una emergencia? Siendo que ambas, la calamidad y la emergencia, son acontecimientos que no surgen de las fuerzas imprevisibles de la naturaleza sino de las flaquezas del Estado colombiano que incumple flagrantemente su propia ley. Sordera legal acompañada de ceguera a la evidencia de que el Magdalena nunca ha cesado un segundo de traer toneladas de sedimentos y de desperdicios de los 596 municipios de su extensa cuenca, que incluye la del río Cauca desde sus respectivos nacimientos en los departamentos del Huila y del Cauca.
Barranquilla es la única ciudad puerto del país en la cual más de la mitad del valor de su carga, tanto de exportación como de importación, tiene como origen o destino la economía local. Según Fundesarrollo, el 2% del empleo total y el 5% del PIB del Área Metropolitana de Barranquilla están asociados a la logística portuaria. Si a estas cifras agregáramos la porción de la actividad industrial que está localizada aquí en razón de la cercanía al puerto, esos porcentajes podrían llegar al 4 y al 8, respectivamente. Dada la alta informalidad laboral, ese 4% del empleo total representa al menos un 8% del empleo formal de la ciudad. Ignorar ese potencial impacto es otra flaqueza: indolencia social.
Y una más es la torpeza comercial implícita en contratos de emergencia, agravados con el requerimiento de dragas más grandes y que suelen encontrarse en puertos más distantes que las que se necesitarían para unas tareas planeadas previsibles. Factores de los que abusan los contratistas en sus tarifas.
A esa lista de desalientos se suma ahora la Procuraduría, cuando, con la formulación de cargos contra un exdirector de Cormagdalena por haber hecho un convenio con Asoportuaria, pretende indicarle a ese Estado que “no raja” que “tampoco preste el hacha”. El artículo 4 de la misma ley 1ª de 1991 autoriza a las sociedades portuarias a asociarse para adelantar obras de dragado de beneficio común, autorización también contemplada en los estatutos de Asoportuaria y que, en ocasiones, puede ser el único vehículo para conjurar una crisis. De hecho, en esa oportunidad así se resolvió eficazmente la emergencia. Precedente rechazable, este de la Procuraduría, porque daría al traste precisamente con la figura con que ahora los portuarios plantean aportar a la contratación de una draga por un mediano plazo mientras este gobierno pone la casa en orden.