Los cambios de las condiciones para el rescate del Galeón San José
Según una misiva de 2015 de la ex ministra de Cultura, Mariana Garcés, entre las condiciones impuestas a la compañía inglesa para la exploración se cuentan la remuneración de tan solo el 10% y una fiducia de inversión mínima de US40 millones.
BOGOTÁ. Las condiciones que inicialmente, en 2015, le imponía el Ministerio de Cultura a la empresa inglesa Maritime Archaelogy Consultants, MAC, para que pudieran ser ellos quienes exploraran y rescataran el Galeón San José, cambiaron del cielo a la tierra frente a las que estableció el mismo Gobierno en la licitación publicada en 2018.
En una carta que el 10 de abril de 2015 le envió la exministra de Cultura, Mariana Garcés, a Roger Dooley, director de MAC, le pone de presente cinco condiciones para adelantar la expedición -luego de que el 26 de enero de 2015 MAC presentara su propuesta de factibilidad-: “este Ministerio estaría en disposición de autorizar la realización de la fase de exploración, sobre la base de la aceptación de los siguientes puntos”.
El primero de ellos impone que “la remuneración que se pactaría en el contrato para ustedes sería el 10% de los elementos que no constituyen patrimonio cultural”, pero luego, en la resolución 1456 de 2015, el Ministerio sube la remuneración al “20% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio”, y en la licitación, tres años después, figuran porcentajes de 45%, 40% y 10%, dependiendo del valor de los bienes declarados no patrimonio.
La remuneración quedó así: mientras lo encontrado en bienes no supere $455.739 millones, el operador recibirá el 45%; si está entre los $455.739 millones y $911.478 millones, el operador recibirá el 40% y cuando lo rescatado oscile entre $911.478 millones y $1.519 billones, la empresa se quedará con el 10%. Y si es mayor a la última cifra, la Nación se quedará con el 100% del resto.
En el tercer punto de la carta, se lee que la empresa “debe garantizar la construcción del museo para la exposición de los bienes que constituyen Patrimonio Cultural Sumergido, su operación y mantenimiento por un periodo mínimo de 20 años”. Sin embargo, en los pliegos esos 20 años de obligaciones para los ingleses quedaron reducidos a solo tres.
Y en el quinto punto les dice el Gobierno que “para la realización del proyecto a la firma del contrato deberá realizarse una inversión mínima de cuarenta millones de dólares que deban ser depositados y administrados en una fiducia en Colombia”. En 2018, aunque los US$40 millones pasaron a US$70, se les levantó la obligación de la fiducia.
Finalmente, la exministra le reitera a Dooley que se trata de “condiciones” para “poder proceder a la expedición”.
“Si las condiciones anteriores son aceptables para ustedes, deben manifestarlo por escrito con el fin de poder proceder a la expedición de la resolución que autorizaría la exploración que se constituye en la factibilidad del proyecto”, concluye Garcés.
De otro lado, el barranquillero Danilo Devis, abogado de la compañía cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, SSA -que en medio de un pleito con Colombia reclama haber descubierto las coordenadas del naufragio en 1982- asegura que Dooley le robó a SSA, cuando trabajaba allí de 2000 a 2003, las coordenadas en que se encontraba el Galeón y se las entregó al expresidente Juan Manuel Santos en 2014. Y agrega que Dooley esperó 10 años, mientras se aprobaba en 2013 la Ley de Patrimonio Sumergido, que permitió que al contratista del rescate se le remunerase con objetos del naufragio, para plantearle al Gobierno el rescate. Sin embargo, cinco años antes, en 2010, Dooley le ofrece a Jack Harbeston, representante legal de SSA, a cambio de hacer parte de la búsqueda del Galeón, sus contactos en Colombia con inversionistas, senadores y el Ministerio de Cultura, con quien confesó estar trabajando en la preparación del proyecto de ley que permitiese pagarle a la compañía con los tesoros.
VICEPRESIDENTA ANUNCIARÍA DECISIÓN. Se espera que este viernes, durante el fin de semana o a más tardar el lunes, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez anuncie la decisión del nuevo gobierno sobre la accidentada licitación de la APP para el rescate del Galeón San José.
El plazo que se fijó el gobierno Duque fue hasta el próximo 10 de febrero, para, cumplidos los cuatro meses de la prórroga anunciados, dar a conocer el futuro del rescate del naufragio.
Sin embargo, de la Vicepresidencia le dijeron a este diario que por ahora no tienen en la agenda el pronunciamiento.
El pasado 5 de octubre, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución 3539, en la que aplazaba el proceso de selección argumentando la necesidad de verificar la aplicación de los principios de planeación, selección objetiva y legalidad de la APP. Por ello, en este momento, el proceso de adjudicación está suspendido.
Esta decisión se tomó luego de que el anterior gobierno hubiera reactivado el 2 de agosto el proceso de contratación, el cual también ya había sido suspendido como medida cautelar el 23 de junio ante una demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Cundinamarca.
En caso de ser seleccionada otra empresa para el rescate, quien quede de socia del Estado colombiano deberá cancelarle a la MAC los US$6,1 millones que ha invertido en el proyecto en los últimos tres años.
LO QUE DIJO EL GOBIERNO PASADO. Durante el empalme con el entrante, el gobierno pasado emitió a mediados de 2018 un comunicado en el que resume su posición frente a la APP que quedarían en manos de MAC.
“El Ministerio de Cultura consideró viable la iniciativa, en la medida en que correspondía a los intereses del Estado, y contemplaba un objetivo que el Ministerio no podía realizar con sus propios recursos. Lo anterior, sumado a que el originador era el único poseedor de una investigación histórica, metodológica y cartográfica que permitía realizar la exploración. Maritime Archaeology Consultins SwitzerlandAG (MACS) es la empresa que elaboró la propuesta inicial de este proyecto y que, en términos de la Ley de APP colombiana, Ley 1508 de 2012, se denomina el originador. Durante casi dos años, esta propuesta fue ajustada entre el originador y el Gobierno Nacional para que cumpliera con las exigencias de Colombia”, se lee.
La exministra Garcés agregó en este sentido que se construyó un pliego de condiciones que “cumple plenamente con las especificaciones técnicas, científicas, tecnológicas y financieras exigidas, al igual que el equipo multidisciplinario con alta experiencia requerido para las etapas posteriores”.
De acuerdo con el gobierno Santos, la APP tenía por objeto “la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”.
El costo del proyecto es de $197.727 millones, que corresponde al objeto del proyecto, que contempla la intervención, preservación, aprovechamiento económico y divulgación del hallazgo; así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada (laboratorio y museo).
Entre tanto, en mayo de 2018, la compañía Géminis Consultores, que estaba interesada en la puja por el rescate, le envío al Ministerio de Cultura una carta indicando su decisión de desistir de participar en el proceso por “múltiples inconsistencias y omisiones”, ya que la cartera de patrimonio, según la firma, se había negado a facilitar los “documentos que soportan la prefactibilidad y factibilidad del proyecto”, a pesar de que, agregaron, “por ley, tienen reserva legal solamente los datos de coordenadas y presunta ubicación del material que hace parte del patrimonio cultural sumergido”.