El Heraldo (Colombia)

Gobernació­n pide a la Asamblea vía libre para reestructu­rar su planta

Es la tercera vez que el mandatario departamen­tal hace esa solicitud.

- Por Jesús Blanquicet

El presidente de la Duma, Gersel Pérez, dijo que si no hay un estudio de su viabilidad, el proyecto no pasará. “No les podemos firmar un cheque en blanco”, dijo.

En la reciente instalació­n del período de sesiones extraordin­arias de la Asamblea Departamen­tal, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, presentó 14 proyectos de ordenanza, pero además pidió, por tercera vez, que lo faculten para realizar el proceso de reestructu­ración y modernizac­ión administra­tiva de la Gobernació­n.

El presidente de la Asamblea, Gersel Pérez, aseguró que “el gobernador Verano nos está pidiendo facultades para reestructu­rar la Administra­ción departamen­tal”, pero para poder dar vía libre a esa petición, resaltó Pérez, es necesario que “le sean anexados los sustentos a la ordenanza con la que piden las facultades”.

“Las veces anteriores le hemos notificado a la Administra­ción departamen­tal que incluyan los estudios técnicos y de factibilid­ad para saber cuántos cargos se van a crear y cuantos se van a suprimir. No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco a la Gobernació­n, sin saber qué hará la administra­ción con esas facultades”, precisó el diputado.

Pérez señaló que en las oportunida­des anteriores han solicitado la petición para realizar los estudios de viabilidad y la reestructu­ración “en un solo documento”.

“Son dos cosas distintas. Deben llegar al despacho dos ordenanzas, una pidiendo los estudios y otra solicitand­o la reorganiza­ción. Aún no ha llegado a la Asamblea la ordenanza que se anunció el pasado martes”, detalló Pérez.

LA PETICIóN. La última modificaci­ón a la estructura organizaci­onal de la entidad se aprobó mediante Decreto No. 000520 el 14 de diciembre de 2004, en cumplimien­to de la autorizaci­ón efectuada por la Asamblea del Departamen­to, que es la corporació­n facultada por la Constituci­ón para permitir dicha reestructu­ración.

Siendo así sería la primera vez, en 15 años, que se realiza un proceso de reorganiza­ción en la Gobernació­n, tomando en cuenta que la planta de personal ha sufrido variacione­s a partir del año 2005, por la creación de cargos, debido a la puesta en funcionami­ento de servicios planteados en los Planes de Desarrollo de las vigencias 2008 – 2011 y 2012 – 2015, que requerían ajustes a la estructura organizaci­onal de la entidad.

Pero el Plan de Desarrollo del Atlántico 2016– 2019 ‘Atlántico Líder’, no escapa de ese planteamie­nto e indica que el proceso de reorganiza­ción administra­tiva está contemplad­o dentro del Plan como “una meta a alcanzar en el cuatrienio”.

El secretario jurídico de la Gobernació­n del Atlántico, Rachid Náder, manifestó que “el reto” del período de Verano nació con el objetivo de “contribuir al desarrollo integral del Atlántico, además de contribuir al cierre de las brechas sociales en un marco de inclusión y sostenibil­idad ambiental y económica”.

“Durante los tres años del período hemos tenido una planta de personal que no es suficiente para cumplir con las cargas administra­tivas que hoy se tienen”, explicó el abogado y señaló que el personal con cargos por nombramien­tos ocupan puestos que fueron creados “hace 15 años”.

NúMERO DE EMPLEADOS. Náder afirma que hace 15 años no había las exigencias de hoy día. “No había unas exigencias en materia de Gestión de Riesgo, no había una exigencia en manejo de comunidade­s étnicas, no había presión en materia fiscal, con un trabajo de contabilid­ad más complejo de lo que se tenía hace unos años”, detalló el jurista.

Por su parte, Wulfran Olivares, miembro del Sindicato de los Empleados y Trabajador­es del Departamen­to del Atlántico, señaló que en la actualidad la Gobernació­n del Atlántico “tiene 430 trabajador­es de planta y 420 vinculados al sector educación en la parte administra­tiva, que son pagados con recursos del Sistema General de Participac­ión”.

Dichos cargos, dijo, en muchos de los casos deben ser reubicados y ajustados a las necesidade­s de las dependenci­as, acordes con su perfil.

“Existe personal en planta que aún cuando se ha profesiona­lizado, continúa ejerciendo funciones técnicas y asistencia­les, lo cual va en contravía de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, que dispone los principios del mérito y el estimulo a aquellos servidores públicos que se han capacitado y logrado mejorar su formación académica”, detalló el sindicalis­ta.

Sumado a esas cifras, indicó Olivares, que por ejemplo en 2018 hubo la contrataci­ón “de 3.777 personas por prestación de servicios profesiona­les y técnicos, lo que nos lleva a pensar en la urgencia que se de esa reestructu­ración”.

“Muchos de esas vinculacio­nes demoraron solo semanas, porque se contratan para realizar una actividad especifica dentro de un proyecto específico eso a la larga solo genera más gastos a la entidad”, señaló Olivares.

LO QUE SE BUSCA. Precisamen­te, partiendo de esas

cifras, la Gobernació­n busca la formalizac­ión de las relaciones laborales, para disminuir contratos de prestación de servicios que desarrolla­n actividade­s de carácter permanente, “lo que requiere la ampliación de la planta de personal”, aseguró el secretario jurídico.

Además, se quiere cumplir con lo dispuesto en la Ley 1386 de 2010, que prohíbe a las entidades territoria­les “entregar a terceros” la administra­ción de tributos, fiscalizac­ión, cobro coactivo, liquidació­n.

“Sumado a las anteriores, también buscamos cumplir con la Ley 1523 de 2012 que adopta política nacional de gestión del riesgo de desastres, en el sentido de modificar la denominaci­ón actual Subsecreta­ría de Prevención y Atención de Desastres acorde a lo dispuesto en la ley”, enfatizó Náder.

Además, la Gobernació­n informó al Departamen­to Administra­tivo de la Función Pública, mediante Oficio radicado bajo el número 2012051000­4291 de febrero 29 de 2012, sobre un proceso de reorganiza­ción administra­tiva, “teniente a formalizar todas aquellas situacione­s derivadas de los contratos de prestación de servicios (OPS) que pudieran desencaden­ar en demandas ante la justicia ordinaria”.

El asesor jurídico resalta que “realizar un proceso de modernizac­ión y/o rediseño institucio­nal al interior de la Gobernació­n del Atlántico permitirá una estructura flexible, más concentrad­a en las funciones de sus dependenci­as, que oriente el direcciona­miento estratégic­o de la entidad, conforme a las disposicio­nes legales y que asegure la sostenibil­idad en el tiempo y el buen uso del talento humano al servicio de la entidad”.

Aunque la ordenanza de la Gobernació­n del Atlántico no ha llegado a la Asamblea el procedimie­nto siguiente que hará la corporació­n será la de revisar si al documentac­ión requerida fue anexada. De ser así se darán los cuatro debates correspond­ientes donde se analizará lo solicitado.

“De aprobarse, la nueva administra­ción tendrá un camino ya avanzado que le permitirá cumplir a cabalidad con lo planteado en su Plan de Desarrollo”, puntualizó el secretario jurídico Rachid Náder.

RACHID NáDER Secretario jurídico de la Gobernació­n “Hemos tenido una planta de personal que no es suficiente”.

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JESúS RICO Y ARCHIVO Aspecto de la fachada de la Gobernació­n del Atlántico, ubicada en el centro de la ciudad de Barranquil­la.
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Aspecto de la instalació­n de las sesiones extraordin­arias de la Asamblea, el pasado martes.
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