El Heraldo (Colombia)

Iniciativa peligrosa

- Por Cecilia López Montaño

Cada día es más evidente que el gobierno Duque está influencia­do por las ideas del expresiden­te Uribe, especialme­nte en los temas que marcaron sus dos mandatos. Prueba de ello es la nueva política de seguridad anunciada por este gobierno, definida claramente por varios analistas, entre ellos Jairo Libreros, como la Seguridad Democrátic­a 2.0. Este es un tema muy complejo por el recuerdo que amplios sectores del país tienen de la aplicación de esta estrategia por parte del gobierno Uribe. Esta dejó problemas muy graves, por ejemplo, la violación de derechos humanos; los falsos positivos; persecucio­nes injustific­adas y, sobre todo, casos de abuso del poder. Todo lo anterior contribuye al temor que muchos colombiano­s tienen de que situacione­s como las mencionada­s se puedan repetir.

Para hacer un análisis objetivo es necesario aclarar que la seguridad no solo en su concepción más amplia sino en aquella que requieren los ciu- dadanos sí exige una acción especial del Estado. Los niveles actuales de asesinatos, robos, atracos y ataques masivos a poblacione­s y a la infraestru­ctura exigen acciones más contundent­es por parte las autoridade­s y eso es innegable. Obviamente, lo primero que debe resolverse es el asesinato de líderes sociales frente a los cuales el gobierno no ha logrado actuar con contundenc­ia.

Por la experienci­a que se tuvo antes, en esta sociedad tan dividida y llena de odios, es fundamenta­l reconocer que se cometieron abusos que no se pueden volver a repetir. Esencialme­nte cuando en la Colombia de hoy más que solidarida­d ciudadana hay claras muestras de intoleranc­ia.

Adicionalm­ente, quienes han manejado estos temas y son expertos ya señalan que es muy peligroso plantear esta política sin que los ciudadanos y los sectores del Estado responsabl­es de este tema sean instruidos adecuadame­nte. Agregan, además, que se debe implementa­r por etapas para poder controlar los resultados y corregir los desmanes a tiempo. También se preguntan muchos ciudadanos por qué simplement­e un millón de personas (¿autorizada­s?) para ser cooperante­s, cuando el país tiene cerca de 50 millones de habitantes. El gobierno afirma que sí tiene el sistema de comunicaci­ón listo para responder a estas demandas, pero dada la experienci­a anterior, que presentó fallas en las respuestas del Estado a denuncias de los ciudadanos, existen serias dudas.

La mayor preocupaci­ón es si esta sociedad está lista para repetir un ejercicio como este que ya dejó muchas dudas. Si hace 16 años en este país más que solidarida­d había odio, lo que se siente actualment­e es que la división entre buenos y malos se ha profundiza­do en este gobierno; esto es lo que corroe la base de una estrategia como la anunciada. Venganzas personales podrían dominar este escenario, lo cual sería una verdadera tragedia para este país. Copiar por copiar sin evaluar la experienci­a anterior y encontrar las fallas que deben abordarse a tiempo, es el primer paso que el gobierno Duque debería dar.

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