“Hey, ¿a cuánto la empanada con multa?”
A partir de la multa de $833.000 que recibió un joven en Bogotá por comprar alimentos en la calle, los barranquilleros se manifestaron en contra de lo sucedido.
No para el debate por la multa de $833 mil que recibió un joven en Bogotá por comprar alimentos en la calle. Ayer EL HERALDO recorrió varios puntos de Barranquilla para medirle el pulso a la polémica por la sanción que contempla el Código de Policía.
“Es una exageración cobrar una multa tan alta”.
“Deberían de fijarse más en el común de la gente”.
“Es inadmisible, todo el mundo come fritos”.
“Si yo tuviera un trabajo no vendiera fritos en la calle”.
“La gente tiene derecho a comer en la calle”.
Bajo el caluroso sol de Barranquilla hay una nueva moda en los centenares de puestos de fritos y jugos. “Hey, ¿a cuánto la empanada con multa?”, preguntan algunos de los comensales barranquilleros. “Cuidado me pillan comiendo en la calle porque no tengo para el comparendo”, dicen otros.
A plena luz del día, como lo han hecho siempre, los comensales disfrutan del suero, el picante y el guacamole que le agregan a las empanadas, arepas y carimañolas que compran en los puestos que ya, por referencia o tradición, conocen y recomiendan.
Desde bien temprano en la mañana, cuando comienza el tráfico de fritos en Barranquilla, miles de peatones y conductores se detienen un par de minutos frente a centenares de vitrinas que protegen, como cajas fuertes, aquel tesoro currambero.
De lunes a domingo, ya sea por no haber desayunado o por matar un antojo, los transeúntes de la ciudad se deleitan con los manjares callejeros de toda la vida. El comerciante, que conoce a su comprador desde hace años, lo sigue amañando con la ‘ñapa’ y el comprador, risueño, conversa con quienes también se acercan a consumir.
LA MULTA. Después de que se conociera que un joven en Bogotá recibió una multa de $833.000 por comprar una empanada en la calle, en las esquinas de Barranquilla la advertencia es una sola: “Cuidado me multan por estar comiendo empanadas”.
Sobre el suceso que ocurrió el pasado viernes, la Policía Metropolitana de Bogotá, en un comunicado, aclara que uniformados se encontraban realizando un procedimiento de control al espacio público, en cumplimiento a un fallo de tutela contra la Alcaldía local de Barrios Unidos, en la capital, que presentó la comunidad del sector en busca de retirar los puestos de ventas ambulantes.
Las autoridades explican que en medio del operativo cinco ciudadanos llegaron a consumir en el puesto de comidas del hombre “involucrado en la tutela” y “se les advirtió” del procedimiento para que se abstuvieran de comprar.
Lo anterior –resalta la Policía– es “teniendo en cuenta que esta actividad promueve o facilita el uso indebido del espacio público, de acuerdo con el artículo 140, numeral 06 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia”.
LOS COMERCIANTES. Los vendedores, quienes llevan años comercializando la apetecida mercancía, se ríen y disfrutan de la situación, pero no ocultan su preocupación. “Es inadmisible que algo así pase”, cuenta Martín Trejos, propietario del Palacio del Patacón, en el norte de Barranquilla.
“Todo el mundo, desde la Policía hasta los famosos, vienen a comerse sus fritos. Si esa medida se impusiera aquí en Barranquilla acabarían con nuestra cultura e idio- sincrasia”, dice. En su negocio, en el que lleva 20 años, ha vendido empanadas, arepas y patacones a toda clase de personajes “de las clases más altas y bajas”, asegura.
“Este es un país libre y la gente tiene derecho a comer en la calle. No entiendo cómo es posible que uno tenga que ir a un centro comercial y pagar más caro, cuando acá (en su puesto de comida rápida) se vende a mejor precio”, cuenta Besaida Gamero, quien lleva 38 años vendiendo fritos en el centro de Barranquilla.
Para otros de los vendedores, el puesto de comida rápida es el único sustento que han encontrado para mantener a sus familias, y aseguran que de haber encontrado un empleo, “no estarían vendiendo en la calle”.
“Yo entiendo a la Policía porque tienen que cuidar el espacio público, pero si yo consiguiera trabajo no estuviera aquí vendiendo. Esto es muy duro, toca aguantar sol y levantarse desde las tres de la mañana. Ojalá el Gobierno nos ayudara con algo, así sea para organizarnos”, sostiene Leonardo Salas, vendedor ambulante desde hace 48 años.
COMENSALES. Los consumidores se tomaron el tema con tranquilidad, pero, entre risas, también dejaron entrever su molestia por lo sucedido. “Son medidas que no tienenencuentaelcomponente sociológico de las comunidades. Antes de implementar esos códigos deberían fijarse en el común de la gente y ver cómo viven”, dice Sofía Herrera, comensal. “Comer fritos es parte de nuestra cultura costeña”, añade.
“En lo personal siento que es una exageración cobrar una multa tan alta por comprar una empanada en la calle”, manifiesta Ezequiel Cuesta. “Entiendo que desde el punto normativo deba ser así, pero es que costeño que no coma en la calle no es costeño”, dice entre risas.
CRÍTICAS EN REDES. El senador Efraín Cepeda manifestó vía Twitter que “la obligación del Estado es avanzar en formalizar, pues la informalidad es la única opción de trabajo de la mitad de los colombianos, ¡no puede ser multada!”. Además, anunció que adelantará un proyecto de ley para proteger a los vendedores ambulantes.
Así mismo, el exministro de Vivienda Jaime Pumarejo se pronunció en contra de lo sucedido. “Cuando la Policía impone una multa de $800 mil por comprar una empanada en la calle, el Estado se desdibuja, pierde su norte y olvida que su misión es proteger y servir”, trinó.
Entre tanto, César Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico, escribió el Twitter que son “delicias de la vida, que en vez de ser objeto de una sanción, mas bien deben ser destinatarios de una felicitación”.