El laberinto político que tiene en un enredo a España
El próximo 28 de abril los españoles están convocados a las urnas por tercera vez en algo más de tres años.
Durante cuatro décadas después del fin de la dictadura de Franco, España ha gozado de una gran estabilidad política, en la que los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP) se alternaban en el poder. Sin embargo, el próximo 28 de abril los españoles están convocados a las urnas por tercera vez en algo más de tres años. El panorama político se ha complicado con la llegada de dos partidos nuevos, la izquierda de Podemos y la formación de centroderecha Ciudadanos. Es probable que después de las elecciones continúe la inestabilidad que lastra España desde 2015 por falta de mayorías claras.
El viernes, el presidente Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28 de abril, después de que el plan de presupuestos de su gobierno fuera rechazado en el Parlamento. Los socialistas tienen tan solo 84 de los 350 diputados en el Congreso. “Llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar”, afirmó Sánchez el viernes ante la prensa.
Tras haber sufrido derrotas en las últimas dos elecciones generales, este economista madrileño de 46 años llegó al poder a través de una moción de censura contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy por los escándalos de corrupción del PP en junio del año pasado.
Desde el primer momento, Sánchez intentó gobernar con los votos de Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes. Fue una estrategia arriesgada por el conflicto con los separatistas en Cataluña que mantiene en vilo a la política española desde hace años y especialmente desde el referéndum, prohibido por el Tribunal Constitucional, y la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017.
El tema divide a la sociedad. En Cataluña, los partidarios de la separación de España no llegan a la mitad de la sociedad, según todas las recientes elecciones y encuestas de opinión. En el resto del país, muchos ciudadanos manifiestan su apoyo a la unidad del país colgando la bandera nacional de sus balcones.
APOYO. Sánchez intentó ganarse el apoyo de los dos partidos nacionalistas de Cataluña, los republicanos de ERC y los conservadores del PDeCAT. El nuevo presidente confiaba en el diálogo con los separatistas, al contrario de Rajoy que había dejado el asunto más bien en manos de los tribunales. El PSOE hizo algunos gestos y concesiones a los catalanes, como un aumento del 68% de la inversión estatal previsto en el plan presupuestario. También estaba dispuesto a aceptar la figura de un “relator”, una especie de moderador de las conversaciones entre ambas partes. Pero los independentistas insistieron en que se hablara también sobre el supuesto “derecho de autodeterminación”, una línea roja para el gobierno. “Ni podemos ni queremos aceptar que la autodeterminación esté en la agenda del día”, zanjó la ministra de Hacien- da, María Jesús Montero, en el debate parlamentario sobre los presupuestos. Los nacionalistas catalanes, por su parte, se quejaron de que el gobierno no había hecho suficiente esfuerzo para ganarse sus votos.
Una coincidencia desafortunada quiso que el martes, en pleno debate sobre los presupuestos, empezara el juicio contra 12 líderes separatistas ante el Tribunal Supremo, lo cual sirvió para enrarecer y calentar aún más el ambiente. Es el proceso más importante en la democracia, según palabras del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
Los políticos y activistas, la mayoría de los cuales llevan más de un año en prisión preventiva, se enfrentan a la acusación por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el referéndum ilegal y la declaración de independencia.
“Nada de lo que hemos hecho es delito. Votar en un referéndum no es delito, trabajar por la independencia de Catalunya de forma pacífica no es delito”, afirmó en su primer interrogatorio ante los jueces Oriol Junqueras, el vicepresidente del gobierno catalán de entonces.
Para los separatistas se trata de un “juicio político”, y no están solos en esta interpretación. Efectivamente, la Justicia española se juega su prestigio en este proceso que está bajo el escrutinio de la prensa internacional y observadores de derechos humanos.
Por primera vez, todas las sesiones se televisan en directo en un intento de dar máxima transparencia al procedimiento. Se espera que el juicio dure unos tres meses, lo que coincide con la inminente campaña electoral.
La derecha política nacional intenta sacar máximo provecho del desafío separatista. PP, Ciudadanos junto con Vox, una nueva fuerza de extrema derecha en auge, protagonizaron una manifestación en la Plaza Colón de Madrid el domingo pasado a favor de la unidad de España y contra los independentistas. Y al presidente Sánchez le han calificado como “traidor” por querer ganarse el apoyo de los partidos separatistas para sus presupuestos.
Estos tres partidos han entrado en una competición vertiginosa para ver quien se muestra más duro con los independentistas. Pablo Casado, que sucedió a Rajoy al frente del PP en verano pasado, quiere volver a suspender la autonomía de Cataluña y poner indefinidamente la región bajo administración directa por parte del gobierno central, a pesar de que, por ahora, no hay ninguna base legal para hacerlo.
EL PUNTO DE ATENCIÓN EN ELECCIONES. El conflicto en Cataluña, sin duda alguna, va a ser el tema dominante en la campaña electoral. A juzgar por las encuestas, es un asunto que moviliza a los votantes de derecha mientras desmoraliza a buena parte del electorado de izquierda que no se siente cómodo con el fervor patriótico de un lado y del otro. Los sondeos de opinión recientes no arrojan un panorama claro. El PSOE de Sánchez está a la cabeza pero con una ventaja corta y muy lejos de obtener una mayoría suficientemente honda para poder gobernar sin socios. Otro problema para Sánchez es el hecho de que su socio predilecto, Podemos, está acusando sus luchas internas y divisiones.
Las encuestas ven factible que los tres partidos de derecha puedan sumar una mayoría de escaños en el parlamento y gobernar. Así ocurrió en Andalucía, la región más poblada de España, donde un pacto de estas tres formaciones acabó con casi 40 años de predominio socialista. En las elecciones andaluzas de diciembre pasado, los socialistas y Podemos fueron los perjudicados por la alta abstención. Muchos votantes de izquierda simplemente se quedaron en casa.
Sánchez sabe que la desmovilización de su electorado es el principal escollo para quedarse en la presidencia del Gobierno. En este sentido, el PSOE confía en que le pueda beneficiar la radicalización del PP de Casado, que ha emprendido un giro a la derecha para frenar la sangría de votos hacía Vox. Por ejemplo, propone endurecer la ley de aborto, un debate que parecía superado en la sociedad española. “Si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar”, dijo el líder del PP.
Pero para motivar al electorado de izquierda a acudir a las urnas el 28 de abril no basta con los anuncios y declaraciones polémicas de la derecha. Después de anunciar la convocatoria electoral el viernes, el consejo de ministros aprobó una ley que permite exhumar los restos de Franco que yacen en el Valle de los Caídos, una monumental y escalofriante basílica que glorifica la dictadura en las afueras de Madrid, allí yace junto a miles de víctimas de su régimen y sacar los huesos es una vieja reivindicación republicana. Es un gesto simbólico con una alta carga emocional. Y es que en estos tiempos en la política española pesan más las emociones que los argumentos.