Fiscal General hace cuatro reparos a Ley Estatutaria de la JEP
En carta a Duque, Martínez Neira dice que el texto actual permite que desmovilizados sigan con beneficios, incluso si delinquen.
BOGOTÁ. La Ley Estatutaria de la JEP, considerada la ‘columna vertebral’ de los acuerdos de paz, continúa en la incertidumbre y se enfrenta a una nueva batalla entre la justicia ordinaria, en cabeza de la Fiscalía General, y la justicia especial, con la JEP.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envío una carta de nueve páginas al presidente Iván Duque en la que le expresa cuatro preocupaciones que tiene el ente investigador respecto a esta ley.
El primer reparo que hizo el fiscal es sobre el tema de narcotráfico. “Los reinsertados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente podrán conservar beneficios de la JEP y no serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria”.
Según el jefe del ente acusador, la JEP sería competente para conocer los delitos de “ejecución permanente”. Por ello, los efectos de los mismos, no solo se traducen en la determinación de la JEP como juez natural, sino que “pese a tratarse de desmovilizados y de haber asumido el compromiso de no repetición, su conducta sería juzgada con régimen de penas ampliamente benigno y con los beneficios penitenciarios de la JEP”.
El segundo reparo que hizo la institución es que “la reincidencia en el secuestro, narcotráfico y homicidios no implicara pérdida de todos los beneficios del sistema de la JEP”.
Según Martínez, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no a que delincan.
De hecho expuso que, según análisis preliminar elaborado por la Dirección de Apoyo y Análisis contra la Ciminalidad organizada, respecto de las personas que integran el listado de las extintas Farc y su presunta participación en delitos después del primero de diciembre de 2016, hay 361 investigaciones activas, de las cuales: 31 corresponde a tráfico, fabricación y porte de armas, 24 a homicidios, 22 a amenazas, 19 a concierto para delinquir, 13 a tráfico de estupefacientes, 10 a delitos sexuales y otras 10 a secuestros, 8 a extorsión,. entre otros.
La tercera preocupación enunciada por el fiscal es la suspensión de investigaciones de delitos relacionados con el conflicto.
El funcionario explicó que de seguir como está el documento, la Fiscalía no tendría potestad para continuar con las investigaciones que se surten contra excombatientes de las Farc.
“Tal propuesta de norma, el impedir la práctica de diligencias y actuaciones, suponía la suspensión automática de todas las investigaciones en cuestión, lo cual consistía en un incentivo de la impunidad, en la medida que se paralizaba la acción de la justicia”, dice la misiva.
Y el último punto, hace referencia a la “impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables”.
Teniendo en cuenta las modificaciones presentadas, la Fiscalía halló que “Colombia podría llegar a eximir de toda responsabilidad penal a los autores de estos delitos cuando no sean considerados máximos responsables”.
Según el fiscal, el documento sobre la Ley Estatutaria fue discutido en el Congreso, pero fue modificado en el texto final de la ley, que llegó a manos del presidente para su firma.
De otro lado, las cuatro “preocupaciones” que manifestó el fiscal en la misiva que envío ayer al presidente ya habían sido presentadas a la Corte Constitucional, y en aquel momento, Martínez perdió esa batalla legal.
LA RESPUESTA DE LA JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió un comunicado contestando a los reparos del fiscal Néstor Martínez a la Ley Estatutaria del sistema de justicia transicional.
El mecanismo acordado en la mesa de paz de La Habana, primero, reitera la necesidad de que el presidente Iván Duque sancione la norma: “Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9.691 ex miembros de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la presidencia de la Jurisdicción al señor presidente de la república el pasado 4 de febrero de 2019”.
Acto seguido, la JEP recuerda que el máximo tribunal defensor de la Carta Política le dio el visto bueno a la ley estatutaria: “Sobre el particular la Corte Constitucional, de manera inequívoca y perentoria, en su sentencia C-80 de 2018, remitió el proyecto de Ley Estatutaria al presidente del Congreso para que el texto ‘se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al presidente de la República para su sanción y promulgación’”.