30 multas en 2018 por ‘artículo de la empanada’
Según la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla, el que compra está promoviendo ocupación indebida.
Una vendedora le entrega un almuerzo a un ciudadano en la carrera 52 con calle 70, en el norte de Barranquilla, ciudad en la que el año pasado las autoridades impusieron 30 comparendos por “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”. Esta es la norma que se le aplicó a un joven que compró una empanada en un puesto de comidas que invadía el espacio público en Bogotá.
Catalino Pérez, quien hacía compras ayer en el norte de Barranquilla, no dudó en bajarse de su moto cuando vio que en la carrera 43 con calle 74 subía un carro modelo viejo donde se vendían frutas y se acercó para comprarle al vendedor. Por este hecho pudo sumarse a la lista de las 30 multas que se aplicaron el año pasado en la capital del Atlántico por “promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”.
Este es el numeral seis del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, la misma en la que se apoyó la Policía Metropolitana de Bogotá para sancionar con $883.000 a un joven que se atrevió a comprar una empanada durante el retiro de un puesto de comidas que estaba invadiendo el espacio público, según informó la autoridad.
Los $883.000 equivalen a la multa tipo cuatro que, según la normativa, corresponde a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Es decir que esta es la suma que debieron pagar las personas a las que les fue impuesto este comparendo en Barranquilla en 2018, por parte de las inspecciones de Policía adscritas a la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público.
Al menos Catalino Pérez ‘se salvó’ por esta vez de dicho comparendo, el cual consideró que es “injusto” tanto para los compradores como para los vendedores.
“La multa no debe ser así, tienen que analizar más el Código de Policía, porque están actuando en ciertos puntos injustamente. Es un abuso de la autoridad”, manifestó el hombre, quien se desempeña como domiciliario.
Por su parte, el ayudante de la frutera andante, Osvaldo Mujica, indicó que hasta el momento no han sido multados, pero confesó que algunos miembros de la Policía les han llamado la atención.
“A veces nos dicen que andemos más rápido, pero no nos han impuesto comparendos. No hacemos nada malo, solo trabajamos”, dijo.
Según le informó la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito a EL HERALDO, a los vendedores también se les castiga con el numeral cuatro del artículo 140 de la misma ley, el cual es motivado por “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes”.
De acuerdo con sus cifras, en 2018 se aplicaron 3.462 comparendos, en los que recae una multa tipo uno, equivalente a cuatro smdlv ($110.415).
El jefe de esta dependencia, Henry Cáceres, explicó que la revisión y recuperación del espacio público que se hacen en las cinco localidades son de una manera pedagógica, más allá de las multas que impone la autoridad correspondiente, que hace valer el Código de Policía.
“La administración, más allá de ser represivos, busca espacios de una manera pedagógica. En términos generales, hacemos 1.500 reubicaciones temporales en el año”, aseguró el funcionario, quien explicó que se entiende como reubicación temporal al establecimiento de vendedores en determinados puntos de la ciudad en épocas de Carnaval o de Navidad, poniendo como ejemplo a los artesanos que se han reubicado frente al monumento de Estercita Forero y en el Gran Malecón.
Cáceres agregó que es “difícil” controlar a los vendedores ambulantes, como por ejemplo los que andan en pequeños vehículos vendiendo arroz de lisa, peto, entre otros productos, debido a que no tienen un lugar fijo. Mientras que los vendedores estacionarios son más “fáciles” de hacerle seguimiento a su comportamiento por su condición fija. “Los espacios que ocupan estos últimos son los que estamos recuperando día a día”, dijo.
El funcionario recalcó que la idea del Distrito es buscar alternativas y no reprimir, teniendo en cuenta el grado de informalidad en Barranquilla, donde el Dane registró en el último trimestre de 2018 que el 54% de la población se desempeña con una ocupación informal.
Mientras que la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, sostuvo que la ciudadanía malinterpretó la aplicación del Código de Policía en el caso de Bogotá, y añadió que en el Centro de Barranquilla se necesitan mayores controles especialmente con las cocinas callejeras, y en otros negocios que han invadido los andenes.
“El Código de Policía es claro, está tratando de buscar la sana de convivencia, evitar riesgos y las cocinas son una bomba de tiempo, sobre lo cual nosotros hemos venido llamando la atención en el Distrito”, manifestó.