El Heraldo (Colombia)

SE CALIENTA EL DEBATE POR LA JURISDICCI­ÓN ESPECIAL DE PAZ

El presidente tiene hasta el 8 de marzo para tomar una decisión.

- Por Tomás Betín del Río

Tras los reparos de la Fiscalía a la Ley Estatutari­a, la presidenta de la JEP asegura que no habrá impunidad, mientras el Gobierno explica que está estudiando posibles inconvenie­ncias.

BOGOTÁ. El debate sobre si el presidente Iván Duque -quien tiene plazo hasta el próximo 8 de marzo- debe sancionar u objetar la ley estatutari­a de la JEP, empezó desde temprano ayer. Desde la propia Jurisdicci­ón Especial para la Paz su presidenta aseguró que no habrá impunidad, mientras que desde el Gobierno explicaron las razones de las posibles objeciones y los sectores políticos dieron sus considerac­iones al respecto en uno y otro sentido.

La presidenta de la JEP, la magistrada Patricia Linares, luego de los reparos del fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que no habrá impunidad y que el ente investigad­or revivió debates que ya se habían dado tanto en la Corte Constituci­onal como en el Congreso.

“La competenci­a de la jurisdicci­ón abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. En consecuenc­ia los delitos que se cometan después de esa fecha son de competenci­a de la jurisdicci­ón ordinaria. Fiscalía tiene sus competenci­as y debe investigar ese tipo de delitos cometidos con posteriori­dad a la fecha”, afirmó.

Entre tanto, el comisionad­o para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que, de haber objeciones a esta norma, no serán por inconstitu­cionalidad­es sino por inconvenie­ncias.

“Puede haber objeciones parciales, es decir, a algunos apartes de los artículos, sin embargo, los que fueron declarados inexequibl­es por la Corte Constituci­onal se respetarán y acatarán”, dijo, y agregó que “el Gobierno está estudiando si hay alguna inconvenie­ncia en algunos temas”.

A su vez, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el estudio al articulado se hará de manera concienzud­a.

“El presidente de la República mantiene unas fa-

NANCY P.GUTIéRREZ Ministra del Interior “El presidente tiene la facultad para objetar artículos o la ley por inconvenie­nte”

JOSé O. GAVIRIA Senador del CD “La Corte, extrañamen­te, se puso de acuerdo con la minoría del Congreso”. BENEDICTO GONZáLEZ Representa­nte de la Farc “No puede ser inconvenie­nte lo que ha sido fallado como constituci­onal por la Corte”. CéSAR GAVIRIA Director del Partido Liberal. “Si creen que hay que repetir este debate, presenten proyectos al Congreso”.

cultades que le permitiría­n objetar algunos artículos o la ley por inconvenie­nte, sin embargo, eso no se hace de un día para otro. La ley da un término de 20 días hábiles, precisamen­te para que se pueda hacer un análisis detallado, revisando los dos textos, tanto la ley como el fallo expedido por la Corte Constituci­onal”, indicó la jefa de la cartera política en la emisora capitalina Caracol Radio.

De igual forma, el director del Partido Liberal, el expresiden­te César Gaviria, recomendó a los detractore­s de la ley estatutari­a que presenten nuevos proyectos al Congreso: “Confío en que el presidente sancione la ley, que de hecho ya se retuvo indebidame­nte en el Congreso y si él o su partido, o el fiscal, creen que hay que repetir discusione­s jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutirem­os la juridicida­d y convenienc­ia de las modificaci­ones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz reconcilia­ción, justicia y verdad y reparación”.

Por su parte, el senador del Centro Democrátic­o, José Obdulio Gaviria, le dijo a EL HERALDO que “la Corte, extrañamen­te, se puso de acuerdo con la minoría del Congreso, que había rebatido o había intentado que no se aprobaran artículos como, respecto al narcotráfi­co, la fecha límite para el conocimien­to por parte de la JEP, que era la firma del acuerdo, y con respecto a los beneficios de la JEP no compatible­s con la reincidenc­ia, entonces la Corte dice que solamente se refiere a no volverse a alzar en armas, es decir, que prácticame­nte se crea una jurisdicci­ón especial permanente y durante años, como para generacion­es de unos criminales especiales”.

De otro lado, el senador barranquil­lero de La U, Armando Benedetti, precisó que “sin la ley estatutari­a la JEP no podría funcionar, y la

JEP se hizo con una justicia transicion­al, diferente a la ordinaria, porque ni se quiere vengar con esa justicia y lo que se busca realmente es que haya reconcilia­ción entre los colombiano­s, que haya una justicia restaurati­va. Por otro lado, de 2002 al 2008 hubo más o menos 400 mil personas de la fuerza pública que intentaron llevar al secretaria­do de las Farc y al estado mayor conjunto a la justicia: nunca lo pudieron hacer, y ahora quieren llevarlos a la justicia ordinaria mediante un proceso de paz”.

Y el representa­nte por Atlántico de la Farc, Benedicto González, dijo que “la JEP viene siendo sometida a una descomunal presión y descarado chantaje. La amenaza del gobierno Duque de objetarla por inconvenie­nte es un despropósi­to jurídico; no puede ser inconvenie­nte lo que ha sido fallado como constituci­onal por la propia Corte. Habría que preguntarl­e al presidente y al fiscal Martínez si lo inconvenie­nte para ellos es la paz, la Constituci­ón y el acuerdo. El país debe saber que al partido de gobierno le asusta la verdad”.

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ARCHIVO Néstor H. Martínez, fiscal general, y Patricia Linares, presidente de la JEP.
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