Nuevo llamado a imputación a políticos del caso Merlano
La Fiscalía los citó el 28 de febrero para acusarlos por concierto para delinquir en el caso de corrupción electoral que involucra a la excongresista.
La Fiscalía General de la Nación notificó a los investigados dentro del proceso Casa Blanca para que se presenten nuevamente en una sala de audiencia con el fin de que sean imputados por el delito de concierto para delinquir.
Este medio conoció que Juan Carlos Zamora, Margarita Balén, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás, Vicente Támara y Julio Gerlein Echeverría, deberán asistir el jueves 28 de febrero a la audiencia de adición de formulación e imputación de cargos en investigaciones que se adelantan por presunta corrupción electoral durante las elecciones del pasado 11 de marzo de 2018 y que llevaron a favorecer a la entonces candidata al senado Aida Merlano Rebolledo.
De acuerdo con la notificación judicial, la Fiscalía ampliará ante un juez pe- nal municipal con funciones de control de garantías la acusación por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 10.008 sufragantes. Investigadores cercanos al caso señalaron que se expondrán uno a uno los casos de votos que, para el ente acusador, fueron comprados por la supuesta maquinaria organizada por los políticos y sus colaboradores.
El pasado 11 de diciembre, el juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el empresario Julio Gerlein Echeverría, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de violación de topes electorales, concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Al momento de la decisión el togado manifestó que no existían elementos suficientes de prueba para inferir responsabilidad alguna del empresario por este delito.
Sobre la diputada Margarita Balén, la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás, el exconcejal Aissar Castro Reyes, su hijo, el actual concejal Aissar Castro Bravo, el concejal Juan Carlos Zamora, el diputado Jorge Rangel Bello y Vicente Támara, el ente acusador les imputó cargos el pasado 30 de julio por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, delito que será ampliado durante la próxima audiencia.
El pasado 17 de septiembre, el juez único penal municipal adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, no acogió la solicitud de medida intramuros contra los siete investigados bajo el argumento de que “sí hay una inferencia razonable de participación en el delito de compra de votos”.
Sin embargo, no encontró coherencia en cobijar con medida intramural a los procesados cuando a los 5 capturados en flagrancia el pasado 11 de marzo en el comando de Aida Merlano, un juez homólogo no los cobijó con dicha medida privativa de la libertad.